Se acabó la tarifa plana para quien ensucie las paredes de Barcelona. El Ayuntamiento ha declarado la guerra al vandalismo estético con la entrada en vigor, este domingo, de la nueva Ordenanza de Convivencia.
La normativa marca un punto de inflexión en la persecución de los grafiteros: a partir de ahora, el castigo no se limitará a una sanción administrativa, sino que el infractor estará obligado por ley a asumir el coste íntegro de la limpieza y la reparación de los desperfectos causados. Una medida que, sumada a la multa, puede elevar la "factura" final a miles de euros.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado por el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, y la cúpula de la Guardia Urbana, ha detallado este lunes el alcance de una reforma que busca erradicar la sensación de degradación en el espacio público.
"El civismo no es solo una obligación legal, es una actitud", ha sentenciado el alcalde, quien ha vinculado directamente la limpieza de las calles con la percepción de seguridad.
Pinturas para un grafiti en una imagen de archivo
El fin de la firma barata
La gran novedad contra las pintadas es económica. Hasta la fecha, muchos vándalos asumían la multa como parte del juego. Con la nueva ordenanza, el Ayuntamiento introduce una cláusula de reparación del daño: quien rompe (o pinta), paga. Además, el texto sanciona explícitamente la promoción o el fomento de pintadas en espacios no autorizados, cerrando el círculo sobre las plataformas o grupos que incentivan estas prácticas.
Para hacer efectiva esta presión, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo integral en todos los distritos. Agentes uniformados y, crucialmente, patrullas de paisano, vigilarán puntos sensibles de la ciudad para pillar in fraganti a los autores. La prioridad es clara: grafiteros, botellones y actos vandálicos.
Inseguridad percibida y "teoría de las ventanas rotas"
El endurecimiento de la norma no es casual. El Consistorio se apoya en datos del último Barómetro municipal (junio 2025), que revela que ocho de cada diez barceloneses consideran el incivismo un problema "grave o muy grave". Aunque los delitos penales se mantengan en cifras controladas, la suciedad, el ruido y las paredes pintadas disparan la sensación de inseguridad.
"Proteger la convivencia es una vía más para incidir en la seguridad", ha explicado Collboni, aplicando una visión de "360 grados" donde el entorno cuidado disuade el delito. Las cifras de 2025 avalan esta preocupación: la Guardia Urbana gestionó más de 422.000 incidentes, de los cuales casi 100.000 estuvieron relacionados con problemas de convivencia y uso impropio del espacio público.
Mano dura con el alcohol y las necesidades fisiológicas
Aunque el cerco al grafiti es una de las banderas de la reforma, la ordenanza actualiza el cuadro de sanciones para todo tipo de incivismo, con importes que buscan ser disuasorios:
-
Orinar en la calle: La multa sube hasta los 750 euros si se hace en espacios concurridos, calles estrechas o cerca de lavabos públicos.
-
Alcohol: El consumo en la vía pública se castigará con hasta 1.500 euros si hay menores delante o se realiza en zonas restringidas. Las "rutas etílicas" quedan prohibidas.
-
Ruido: Las sanciones por contaminación acústica en zonas tensionadas podrán alcanzar los 3.000 euros.
-
Mascotas: No diluir con agua los orines de perro comportará multas de hasta 300 euros.
Cobro exprés para el "turismo vandálico"
Otra de las claves de la nueva etapa es el fin de la impunidad para el infractor extranjero. Barcelona atrae a menudo a grafiteros internacionales o turistas que cometen excesos sabiendo que la multa difícilmente llegará a su país.
La nueva ordenanza introduce la notificación inmediata del expediente, un mecanismo que permitirá a la policía tramitar el cobro de la sanción in situ o de manera telemática urgente, asegurando que quien visite Barcelona respete sus normas o pague por no hacerlo antes de irse.