Ocho funcionarios municipales que estuvieron bajo las órdenes de Jordi Hereu en el Ayuntamiento de Barcelona serán juzgados por haber tramitado presuntamente de forma fraudulenta y arbitraria por lo menos una decena de licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella entre 2005 y 2008.
Según ha avanzado El Periódico, la magistrada, que ha estado investigando el caso durante diez años, mantiene la acusación contra 23 personas, la mayoría son propietarias de viviendas, a quienes se les acusa de delitos de soborno, prevaricación y falsedad.
PRINCIPALES ACUSADOS
Los principales investigados son Heliodoro Lozano, que fue jefe de servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella durante ocho años, la ex asesora jurídica del Ayuntamiento Elena Ariza y el ingeniero industrial Joaquim Quílez. Los otros funcionarios implicados del equipo de Elena Ariza , según la jueza, "incurrieron en "graves arbitrariedades" para favorecer la actuación del resto de los implicados, entre ellos los propietarios de viviendas.
La investigación judicial arrancó en 2009, durante el mandato del socialista Jordi Hereu, aunque se intensificó durante los años posteriores y la trama quedó enredada en la práctica de los informes periciales.
CASO SARATOGA
La magistrada apunta que estas tres personas investigadas "actuaban de común acuerdo" y con "la finalidad de pronunciarse unos ingresos extra con la tramitación" de licencias de pisos turísticos. Estos funcionarios del consistorio tramitaban los expedientes "sin cumplir los requisitos legales exigidos".
Además, la jueza recuerda en su resolución que la causa por la trama de Ciutat Vella se deriva de otro proceso abierto por corrupción de funcionarios públicos en relación con los clubes de alterne –caso Saratoga–, en la que también estaba implicado el funcionario Joaquim Quílez.