Guerra entre una brasería argentina y una comunidad de vecinos de la Barceloneta por humos y ruidos

Batalla entre una comunidad de vecinos de La Barceloneta y los propietarios de una brasería argentina de los bajos del mismo edificio. Los residentes de la calle Salamanca explican a Metrópoli que llevan tres años viviendo con los problemas derivados de La Parrillada Grill Steak House. Dicen que el local no tiene salida de humos y todos los olores y ruidos repercuten en algunos pisos del bloque. Además, acusan a los propietarios de la brasería de "engancharse" ilegalmente a la chimenea de una de las vecinas, en el terrado.

Una versión muy diferente cuenta a este medio David, el encargado de la brasería: el hombre asegura estar sufriendo un acoso y derribo por parte de la comunidad de vecinos. Dice haber recibido amenazas de los familiares de los residentes a pesar de que ha invertido cerca de 60.000 euros en adecuar todo el local: "Nos hemos gastado nuestros ahorros y hemos pedido préstamos para poder sacar adelante todas las cosas que nos pedían. Nunca hemos vivido una situación así", lamenta David.

Una salida de humos adecuada

Los supuestos vecinos afectados relatan que todo comenzó hace tres años cuando la propietaria del local, una señora, montó un restaurante en el que nunca pudo cocinar comida caliente: "No tenía salida de humos independiente y el Ayuntamiento de Barcelona no le concedió el permiso para ponerlo por el tipo de edificación. Así que solo hacía cafés con leche, pastas o algún bocadillo", recuerda Mercedes, una de las vecinas. 

Tras años, los actuales encargados de la brasería le alquilaron el local a la mujer, que actualmente está "impedida en una cama sin saber lo que pasa": "Ellos cocinan con leña y con líquidos inflamables. Nos llegan humos y vibraciones". Mercedes explica que, además, los dueños accedieron al terrado del edificio "engañando" a una vecina mayor: "Se engancharon a la chimenea de la mujer con un tubo".

"Nos han mandado a todos"

Preguntados por el problema, el encargado de la brasería y su mujer dan su versión de los hechos a este digital. Lo hacen con desesperación: "Cuando llegamos, hace poco más de dos años, empezaron a decirnos que no teníamos licencia y que lo que hacíamos era ilegal", relata David, que desmiente la afirmación. "Ahí comenzaron a denunciarnos a todos: a Bomberos, a ayuntamiento, a policía, a Inspección de Trabajo... Nos han mandado a todos".

La pareja decidió hacer lo que el consistorio les propusiera para solventar las supuestas irregularidades: "Corregimos cosas de la campana y contratamos a ingenieros". Sin embargo, era necesario que los restauradores accedieran al terrado del edificio porque allí se encuentra la máquina de extracción. "No querían", asevera.

En este punto de la historia, Mercedes, una de las vecinas, coincide: "No puede acceder nadie que no sea de la comunidad porque es peligroso. Además, ellos ni pagan", dice. Sin embargo, David lo contradice tajantemente: "Somos los únicos que pagamos".

Amenazas de muerte

David prosigue con su relato y asegura que después de impedirles subir a la zona común, comenzaron las amenazas de muerte: "Dijeron que nos cerrarían el restaurante y que ese era su barrio. Nos mandan a sus hijos y nietos. Nos tiran agua cada día, nos gritan e insultan".

A pesar de ello, los hosteleros se gastaron sus ahorros, unos 60.000 euros, y pidieron préstamos para arreglar cualquier desperfecto: "Contratamos una empresa especial homologada que metió una cámara por el tubo para demostrar que era independiente y solo nuestro. El ayuntamiento nos dio la razón y cerró el expediente, pero siguen diciendo que el restaurante es ilegal". 

Orden de un juez para entrar

Acceder al terrado comunitario para darle mantenimiento a la instalación no fue fácil. Tuvieron que ir con la justicia de su parte: "Denunciamos y el juez nos dio una orden para acceder", cuenta el encargado de la brasería, que se encontró un panorama desolador. "Nos rompieron el motor, nos cortaron el tubo. Lo único que quieren es que cerremos", lamenta el trabajador. 

"Nosotros no tenemos ayudas sociales y de este negocio viven 12 familias. No queremos molestar a nadie, no estamos robando ni haciendo nada ilegal", defiende David. "Si estuviésemos haciendo las cosas mal ya llevaríamos cerrados un año y medio".

IMHAB

Todas las viviendas del edificio pertenecen al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, antiguo Patronato Municipal de la Vivienda). Sin embargo, cuando este lunes los inquilinos de las viviendas acudieron a exigir soluciones ante lo que ellos creen que es una injusticia, no se les atendió. A los hosteleros tampoco les respondieron "nunca".

Algo que tensa todavía más la convivencia entre la comunidad y los trabajadores, que esperan respuestas de unos y otros, con demandas cruzadas por el medio.

"Estamos al límite"

Quienes más se lamentan de la enquistada situación son los encargados de la brasería, que no entienden cómo sus buenas intenciones caen en un saco roto: "No nos han dejado reparar la salida de humos y, una vez solucionado, la han roto para después denunciarlo", dice David. "No sabemos qué hacer con ellos porque hemos intentado dialogar mil veces, pero solo conocen el camino de la violencia, la intimidación y los insultos".

Aún ahora estos hosteleros no tiran la toalla porque saben que están "en lo correcto": "Si no, no valdría la pena estar ahí, pero aunque me gaste el último céntimo, iremos hasta el final", remacha.