Hace meses que Metrópoli dio voz a los vecinos del Raval afectados por un circuito ilegal de venta de pastillas: Lyrica, Rivotril y otros fármacos que salen directamente de la narcosala con receta.
Lejos de frenarse, los vecinos aseguran que la situación continúa exactamente igual: descontrolada, visible y sin intervención policial.
Intercambio de pastillas en pleno Raval
Se venden "como caramelos"
Según explican los afectados a este medio, muchos consumidores solicitan pastillas en la sala de consumo “para reducir el uso de otras drogas”, pero luego las revenden para comprar más.
Esos medicamentos acaban de nuevo en la calle, especialmente en la Rambla del Raval y en la calle Sant Pau, donde se venden a plena luz del día "como si fueran caramelos".
Fotomontaje con los traficantes de pastillas en una calle del Raval
Indignación por la sensación de impunidad
“Es un delito contra la salud pública. Si nosotros vemos los pases cada día, la policía también. ¿Cómo puede ser que no haya detenciones?”, se preguntan los vecinos, que sostienen que tanto Mossos d’Esquadra como la Guardia Urbana pasan de largo pese a que las transacciones son evidentes.
Añaden, además, que muchos agentes estarían dispuestos a intervenir, pero que existe alguna instrucción o directriz interna que limita las actuaciones.
Quitamiedos
El problema no termina allí. Según denuncian los residentes, muchas de estas pastillas son consumidas posteriormente por ladrones antes de cometer robos de cadenas, móviles u otros objetos: “Les quitan los nervios para hacerlo”, explican.
El resultado es un escenario de impunidad y degradación que, según quienes lo padecen día a día, no ha cambiado ni un milímetro desde la primera denuncia.
CAS Baluard de Dressanes
Exigen respuestas
Los vecinos exigen respuestas: ¿Por qué no se actúa ante un mercado ilegal perfectamente visible? ¿Qué instrucciones tienen los cuerpos policiales? ¿Quién asume la responsabilidad de este vacío de intervención?
El Raval reclama una respuesta clara de las administraciones y de los cuerpos policiales para poner fin a una situación que los afectados consideran insostenible.