La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido al Ayuntamiento que antes de sancionar a una persona propietaria de una vivienda explotada como piso turístico ilegal se asegure de quién realiza la actividad. El aviso llega después de que Vilà haya constatado que, al menos en dos casos, el consistorio inició un procedimiento sancionador contra dos ciudadanos por destinar un inmueble suyo como piso turístico sin tener licencia. Finalmente se ha comprobado que el Ayuntamiento se equivocó.
En ambas situaciones, el consistorio ha corregido el error, pero Vilà ha considerado que la actuación municipal “no ha sido eficaz”. En una de las resoluciones, la síndica ha recomendado al consistorio ser más diligente en la tramitación de los expedientes, con el fin de mejorar el servicio, y en la otra ha planteado la incorporación de personal al Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección que haga una atención directa a la ciudadanía.
Vilà valora positivamente el esfuerzo municipal para frenar la oferta ilegal turística de pisos turísticos y para “poder preservar el derecho a la vivienda y disminuir las expectativas especulativas del mercado inmobiliario”. Sin embargo, la síndica considera que hay que ser más eficientes en la gestión de los expedientes que se deriven con el fin de poder obtener los resultados esperados.
Así mismo, Vilà advierte que hace falta ser muy cuidadoso en la búsqueda masiva que se está haciendo de estos pisos a través de internet para no cometer errores. Y subraya que es necesaria la verificación fehaciente de todos los datos obtenidos a través de los portales turísticos, teniendo siempre presente la colaboración interadministrativa.
EL PRIMER CASO
El pasado marzo, un vecino se dirigió a la síndica después de recibir dos cartas del Ayuntamiento de Barcelona por, presuntamente, destinar un piso de su propiedad a vivienda de uso turístico sin tener licencia. En una de las cartas se le comunicaba una sanción de 30.000 euros y en la otra se le instaba a cesar la actividad. El promotor de la queja aseguró a Vilà que nunca había tenido una vivienda de uso turístico y que la casa que había sido denunciada siempre había estado alquilada por largas temporadas.
Ante la imposibilidad de hablar con alguien del consistorio, la persona reclamante contrató a un abogado, presentó un recurso administrativo y solicitó ver su expediente. Cuando vio el expediente, el ciudadano comprobó que las fotos que había no eran de su piso, lo que le llevó a presentar otro recurso administrativo. El vecino explicó a la síndica que se sentía agraviado por el trato recibido y no entendía cómo el Ayuntamiento podía acusar a la ciudadanía sin tener ninguna prueba y al mismo tiempo ser tan ineficiente al no verificar los datos. También consideraba que el Ayuntamiento no había tenido ninguna prisa en rectificar el error.
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ACTUACIÓN MUNICIPAL INSUFICIENTE
En una resolución de finales de junio, la síndica ha concluido que la actuación municipal ha sido insuficiente ya que no se ha atendido correctamente a la persona interesada y se ha tardado mucho tiempo en verificar los datos y en rectificar el error. El Ayuntamiento inició un expediente de protección de la legalidad vulnerada contra el ciudadano, como responsable de una infracción detectada en su piso, a través de una página web donde parece que no figuraba la dirección exacta de la vivienda.
Según la sindica, la persona inspectora que firmó el informe tendría que haber comprobado que las fotos publicadas en el anuncio no se correspondían con el piso denunciado, pero en este caso, por el motivo que sea, se produjo un error.
En su resolución, la síndica también critica que, una vez la persona denunciada tuvo conocimiento del expediente y del hecho denunciado, inició un periplo de actuaciones para poder comunicar el error al Ayuntamiento, lo que no le fue posible y tuvo que presentar hasta dos recursos administrativos.
No fue hasta el 20 de marzo del 2017, un mes y 10 días después de que le fuera comunicada la sanción y cuando ya Vilà estaba supervisando el caso, que la persona comunicó que el servicio de inspección municipal había pasado por su vivienda para comprobar que el piso denunciado no se correspondía con la casa donde se estaba cometiendo la infracción. Finalmente, el consistorio corrigió su error.