Fue uno de los proyectos más polémicos del gobierno de Ada Colau. Criticado por partidos como CiU, el PP y Ciudadanos por “favorecer la concentración de alojamientos y encarecer su precio” y por la CUP por “centrifugar, pero no resolver” los efectos negativos de la masificación, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) acabó saliendo adelante in extremis. Siete meses después, nueve proyectos han logrado esquivar la moratoria del consistorio y han recibido un informe favorable previo a la solicitud de la licencia.
En total, los nueve suman unas 900 plazas y se ubican en zonas 3 y 4 del PEUAT, en las que se permite la apertura nuevos alojamientos turísticos. Concretamente, se trata de los distritos de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, según informa Europa Press. En cuanto a su tipología, cuatro son hoteles, tres son pensiones, uno es un apartamento turístico y el noveno, un albergue.
VICTORIA PARA LOS VECINOS DE DRASSANES
Mientras estos cuatro hoteles han pasado el filtro de la moratoria, una sentencia judicial consiguió parar el polémico hotel de les Drassanes, rotundamente rechazado por sus vecinos dada la elevada presión turística del distrito. El Ayuntamiento denegó finalmente la licencia para su construcción amparándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaraba nulo a todos los efectos el Plan de Usos de Ciutat Vella de 2013 diseñado por el anterior gobierno municipal de Xavier Trias.
En principio, el espacio debe usarse para paliar la urgencia habitacional del distrito, según la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. De hecho, anteriormente este solar “había sido calificado de vivienda 100% social”. Sin embargo, los servicios jurídicos esclarecerán su futuro, que pasará por negociaciones con el actual propietario del terreno, el promotor hotelero.
Junto al Praktik Drassanes, la sentecia del TSJC podría evitar la construcción de otros polémicos hoteles aprobados durante el gobierno de Trias. Entre ellos, el del Rec Comtal, aunque en este caso la licencia se le concedió previamente al plan de usos diseñado por los convergents. En el caso de este hotel de Núñez y Navarro, además, la Fiscalía de Barcelona constató irregularidades administrativas pese a que adelantó que no tienen entidad suficiente para considerarse delito.
EL MACROLBERGUE DE VILA OLÍMPICA, SIN FINAL FELIZ
Un final relativamente feliz que, de momento, no les ha llegado a los vecinos de la Vila Olímpica, que siguen luchando para frenar un macroalbergue de 440 plazas turísticas en su barrio. Por eso, la Associació de Veïns i Veïnes de este barrio ha pedido en numerosas ocasiones que el consistorio dé un paso adelante en las negociaciones con los propietarios del inmueble.
Ante la negativa del Ayuntamiento a comprar el edificio, una operación que cifraron en 15 millones de euros, el presidente de la plataforma vecinal, Jordi Giró consideró que “hay otras soluciones”. Entre ellas, alquilar el inmueble para trasladar sus oficinas (puesto que actualmente el consistorio ya es arrendatario en un inmueble en el barrio) o convertirlo en un espacio público que no busque la explotación turística mediante la permuta. “Lo que está claro es que las alternativas pasan por la negociación”, apostilló tras conocerse los resultados de la consulta vecinal que rechazaba unánimemente la construcción del macroalbergue.
CRÍTICAS DE VECINOS Y GREMIO
Junto al rechazo político, el PEUAT también ha sido criticado por los vecinos y el sector turístico por razones totalmente opuestas. Por un lado, plataformas como la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) lo consideran demasiado laxo y creen que no corrige la situación de saturación. Decenas de colectivos vecinales firmaron un comunicado en el que pedían “hacer de toda Barcelona zona de decrecimiento” aplicando el veto a cualquier proyecto hotelero en la ciudad.
“Si hacemos que determinadas zonas continúen creciendo, haremos que algunas personas vayan a dormir a Nou Barris o a Horta, pero ellos continuarán yendo a cenar al Gòtic”, sopesó la portavoz de la ABTS, Sònia Fabra.
En la otra cara de la moneda, el Gremio de Hoteles de Barcelona presentó un recurso contencioso-administrativo contra el PEUAT porque considera que podría provocar la “irremisible decadencia” del sector. Según su director general, Manel Casals, el plan “no es una herramienta para ordenar el turismo”, sino que criminaliza al sector hotelero y “no da soluciones a aquellos temas que deben ser corregidos en el entorno de la actividad turística” como son los pisos turísticos ilegales.
COMBATIR LOS PISOS ILEGALES
De hecho, en paralelo a la puesta en marcha del PEUAT, el gobierno local también ha intentado echar el freno a la masificación turística combatiendo los pisos ilegales y, especialmente, buscando la colaboración de su gran escaparate, Airbnb. Consistorio y plataforma han mantenido una pugna que finalmente parece haber llegado a buen puerto. La plataforma ya ha retirado de su web los 1.036 pisos turísticos ilegales y con orden de cese que el Ayuntamiento le exigió eliminar después de firmar la paz.
Al margen de estos 1.000 pisos ya retirados, el consistorio ha abierto 6.197 expedientes disciplinarios, 3.473 de los cuales han sido expedientes sancionadores, y ha dictado 2.332 órdenes de cese durante este último año en el que se ha activado un plan de choque para frenar su auge. De momento, 744 han acatado el cierre y se han puesto 145 precintos.
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