Éxodo de grandes empresas. El Govern de la Generalitat todavía no ha hecho efectiva la declaración unilateral de independencia, pero ya hay compañías que hacen las maletas para trasladar sus sedes sociales fuera de Catalunya. Principalmente, los gigantes industriales y las entidades bancarias. Las últimas en sumarse a la lista han sido Gas Natural y Caixabank, que han anunciado que se llevan sus sedes a Madrid y Valencia, respectivamente.
La primera alerta vino desde la catalana Oryzon, que tras trasladar su sede social a Madrid se disparó en bolsa. Pero más trascendental fue la decisión del Banc Sabadell que este jueves por la tarde anunció que llevaría su sede a Alicante al igual que Dogi, que comunicó que haría lo propio llevándosela a Madrid. Tras una reunión de más de tres horas, este viernes el consejo de Caixabank ha utilizado el decreto que ha aprobado el Gobierno esta misma mañana en el Consejo de Ministros para decidir trasladar el domicilio legal y tributario a Valencia como también ha hecho la energética presidida por Isidre Fainé.
LA SALIDA 'EXPRÉS' DEL GOBIERNO CENTRAL
En la lista podrían figurar Freixenet que, ante el clima de incertidumbre, prepararía su salida de Catalunya para anunciarla en los próximos días. El presidente de la compañía y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado a Europa Press que propondrá al consejo de administración de la compañía el cambio de sede social fuera de Catalunya. Por su parte, desde el diario germano Der Spiegel se advertía de que los grupos alemanes como Volskwagen, Bayern o Lidl saldrían de la región tras la declaración de independencia unilateral.
Por contra, el grupo de infraestructuras Abertis no se plantea en estos momentos ningún cambio de sede fuera de Catalunya. Fuentes de la compañía presidida por Salvador Alemany han asegurado a Efe que el traslado de la sede "no está ahora sobre la mesa".
Mientras tanto, el Ejecutivo central prevé aprobar este viernes un real decreto que facilitaría un cambio exprés de sede social. En concreto, permitiría que el consejo tome la decisión sin tener que pasar por la junta de accionistas. Todo ello a pesar de que los estatutos de la sociedad blinden dicha opción.