La compañía aseguradora SegurCaixa Adeslas ha comunicado al Parlament que ha decidido rescindir unilateralmente el contrato de responsabilidad civil y de responsabilidad patrimonial que tenían firmado desde hace un año.

El motivo aducido por la compañía de seguros, participada por Mutua Madrileña (50 %) y CaixaBank (49 %), es el agravamiento del “riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Catalunya”.

En el escrito remitido por la empresa aseguradora, que ha sido distribuido en la reunión de la Mesa de la cámara, se argumenta que la decisión se adoptó tras “la suspensión mediante providencia del TC de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República".

La empresa considera inasumible el riesgo que supone mantener la póliza de seguro, por lo que ha decidido anularla y dejarla sin efecto de modo inmediato.

La póliza fue formalizada hace apenas un año y en ella se establecían las responsabilidades civiles y patrimoniales que asumía la compañía adjudicataria. Las coberturas incluían un seguro de responsabilidad civil y patrimonial y una cobertura de seguros a todo riesgos de daños materiales. El primero tenía un costa de 18.000 euros y el segundo de 69.000 euros para los tres años de duración del contrato ahora rescindido.

Esta misma compañía se negó en su día a asumir la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al ex presidente Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta independentista del 9N de 2014, aduciendo que aquellos hechos no estaban cubiertos por la póliza.

EL PARLAMENT LO RECHAZA

Sin embargo, el vicepresidente primero del Parlament, Lluís Guinó, ha asegurado que pese a la comunicación de la compañía de seguros, la institución no reconoce “esta ruptura unilateral de la relación contractual ya que no tiene base jurídica porque la ley a la que se hace referencia está suspendida por el TC, por lo que no ha entrado en vigor. No estamos de acuerdo con la justificación por lo que entendemos que la póliza es plenamente vigente”.

Guinó ha criticado la decisión de la empresa afirmando que se trata de “una decisión política que va en la misma dirección que las adoptadas por CaixaBank en las últimas semanas”. Además, ha lanzado una velada amenaza a la compañía diciendo que “es posible que el Parlament se replantee en el futuro todo lo que tiene que ver con los seguros que tiene contratados con está compañía”, y ha asegurado que en el caso de que el contrato se rompa de forma definitiva “no pasarán ni horas hasta que tengamos uno nuevo”.

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