El Govern duda de la legalidad del 30 % de vivienda social

El Govern de la Generalitat ha advertido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de la posible ilegalidad de la obligación de que promotores de vivienda y de grandes rehabilitaciones deban destinar el 30 % del volumen construido o rehabilitado a vivienda social.

Ha sido la portavoz del Govern, Elsa Artadi, la que ha afirmado que desde la Generalitat se ven “dudas a nivel legal” sobre la medida aprobada por el Ayuntamiento con el apoyo de Barcelona en Comú, ERC, PSC y la CUP, la abstención de Junts per Catalunya, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y el voto negativo del PP.

Una de las razones por las que el Govern considera que puede haber dudas legales sobre la medida del 30% es que puede generar consecuencias en los privados, es decir, en los compradores de pisos. “Esta medida puede crear dificultades, no necesariamente al promotor inmobiliario, también a las personas que quieran comprar un piso”.

La portavoz del Govern también ha asegurado que van a estudiar a fondo la medida antes de tomar una decisión definitiva, pero ha recordado que la aprobación definitiva de la misma va a depender de la Generalitat.

SÍ, CON CONDICIONES

La aprobación del la nueva normativa no le ha salido gratis a la alcaldesa. Los votos del PSC y ERC le han obligado a aceptar que la normativa no entre en vigor inmediatamente, sino cuando sea aprobada (de forma definitiva) por el Govern de la Generalitat. En otoño, se calcula, si se despejan las dudas legales que ha manifestado la portavoz del Govern.

La modificación del PGM aún deberá ser aprobada en un pleno municipal, después del verano, y por la Comisión de Urbanismo de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya.

La intención de Colau era que, a partir de su aprobación por el Ayuntamiento y hasta su puesta en marcha definitiva, solo se pudiesen tramitar las licencias que ya cumpliesen el 30% de vivienda social reservada, lo que, según los grupos de la oposición (y los promotores de vivienda) significaba una suspensión de licencias. Suspensión que paralizaría la actividad inmobiliaria y que, en contrapartida, para el gobierno municipal soponía un atajo para garantizar la aplicación inmediata de la iniciativa. 

De ahí que fuese muy importante que esta primera medida saliese aprobada. Sólo así podía pensarse en el futuro: la aprobación definitiva del PGM después de verano. De momento, pues, Colau lo ha conseguido. El primer asalto ha sido suyo.