El gobierno de Ada Colau y los restauradores de Barcelona han firmado la paz tras la aprobación en el pleno municipal de la nueva Ordenanza de terrazas, uno de los litigios más largos del actual mandato que se ha prolongado durante casi tres años. La normativa es más flexible y se adapta más a la realidad de bares y restaurantes, especialmente en lo que hace referecia al número de mesas y a las distancias de las terrazas con el mobiliario urbano.
El acuerdo político se ha concretado con los votos favorables de todos los partidos menos de la CUP. El presidente del Gremi de Restauradors de Barcelona, Pere Chias, ha dicho que con el acuerdo se han salvado "muchísimos puestos de trabajo y terrazas que estaban amenazadas" y ha apostado por extender el acuerdo a otras ciudades de toda España.
"Creemos que será una ordenanza que podrá aplicarse con facilidad y que permite un equilibrio entre actividad económica y uso vecinal del espacio público", ha manifestado la teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, que ha criticado la rigidez que hasta ahora tenia la normativa y ha agradecido la suma de voluntades que ha hecho posible modificarla.
CONTENCIOSOS ABIERTOS
Pese a la firma de la paz entre Colau y los restauradores, el Gremi mantiene abiertos varios contenciosos administrativos contra el Ayuntamiento por algunas medidas puestas en marcha en el Poble-sec y el Poblenou, pero el director general de los restauradores, Roger Pallarols, se ha mostrado dispuesto a abrir nuevos espacios de diálogo siguiendo los criterios aplicados en la Ordenanza.
El único grupo que ha votado en contra ha sido la CUP. La concejal Eulàlia Reguant ha advertido de que el debate no es sobre si se está a favor o no de las terrazas: "Es un debate de cómo concebimos la ciudad y el espacio público" y ha lamentado que el acuerdo dé la espalda a una parte de los vecinos, al tener una concepción neoliberal del espacio público.
Desde el PDeCAT, el regidor Raimond Blasi ha recordado que durante el mandato de Xavier Trias el gobierno municipal unificó lo que era una disparidad de ordenanzas para tener un criterio general en el conjunto de la ciudad. Según Blasi, la nueva norma tenía que adaptarse después, pero Colau no tuvo capacidad de resolverlo por iniciativa propia.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Desde Ciutadans, el concejal Koldo Blanco, ha asegurado que las condiciones restrictivas de la anterior normativa generaron "conflictividad social" y ha celebrado que la nueva ordenanza tenga mayor flexibilidad. Y el republicano Jordi Coronas ha asegurado que gran parte del trabajo para lograr el acuerdo ha pasado por ERC, que ha dedicado horas al asunto con vecinos y entidades y ha trabajado en mejorar las condiciones laborales de los empleados.
En opinión de la regidora socialista, Montserrat Ballarín, la anterior ordenanza no se adaptó a la realidad de la ciudad. "Ahora enterramos los efectos negativos que ha provocado". Y el popular Javier Mulleras ha celebrado la aprobación de la ordenanza aunque llegue tarde y tras un culebrón que ha protagonizado el ejecutivo de Colau: "Si se ha llegado al final no ha sido gracias al Gobierno municipal, sino a pesar del Gobierno municipal".