La filial barcelonesa de Airbnb (Airbnb Marketing Services, S.L.) no ha tardado en contestar a ACABA tras conocer que, este miércoles, la Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb ha hecho público que un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia contra la multinacional del alquiler de pisos turísticos por “prácticas desleales”.
En el comunicado, Airbnb asegura que su actuación es legal y que su primera preocupación ha sido y sigue siendo, desde siempre, sus anfitriones y sus clientes.
Literalmente este es el comunicado emitido desde la sede barcelonesa de Airbnb:
“Airbnb se preocupa por cualquier persona afectada o confundida por una legislación turística obsoleta. Haremos lo que esté en nuestra mano para que se escuche a las familias que comparten su hogar y que éstas tengan voz. Airbnb quiere ser un buen socio para la comunidad de Barcelona y continuaremos trabajando con las administraciones para conseguir una regulación más justa y clara".
El comunicado continúa recordando algunos postulados que ya expresó la compañía cuando empezó su conflicto con el Ayuntamiento de Barcelona, con el que llegó a un acuedo el pasado mes de junio:
“Las leyes actuales sobre el turismo que regulan el alquiler de viviendas por periodos cortos fueron pensadas para una época muy diferente. Pero hoy en día, la conectividad e internet han hecho posible que las personas puedan compartir de manera muy sencilla un espacio que tienen en su casa con otras personas a cambio de una compensación económica”
LA DEMANDA Y EL LISTADO
Airbnb no hace mención específica al tema del requerimiento judicial para ofrecer el listado de sus anfitriones/clientes, ni tampoco a la demanda aprobada en el Juzgado Mercantil Nº 10 de Barcelona. Sus argumentaciones se refieren preferentemente al marco legal español.
“En España existe una gran confusión sobre la calificación de vivienda de uso turístico, confusión que lleva a muchos a no distinguir de vivienda habitual o una segunda residencia, de la que tiene uso exclusivamente turístico", puede leerse. "Lo que Airbnb reclama es una regulación del home sharing, que permita que los particulares puedan alquilar una parte de la vivienda habitual de manera esporádica y temporal, un marco legal para los particulares, distinto al de los profesionales. Una regulación que reconozca de verdad la posibilidad de compartir el propio hogar, que no elimine vivienda disponible del mercado de alquiler y que respete la esencia de la economía colaborativa”.
Shamalan (izq.) y Tarin, presidente y abogado de ACABA / MIKI
Airbnb afirma, además, que de manera constante informa a la comunidad sobre la normativa legal del lugar donde vive, teniendo en cuenta que está presente en 81.000 ciudades y las leyes cambian de un lugar a otro. “A veces, incluso, las normas pueden cambiar de barrio a barrio. Es por eso que Airbnb les pide a los anfitriones, siempre antes de anunciar su propiedad, que certifiquen que cumplen con la normativa local”, añade.
“La Comisión Europea también ha defendido en numerosas ocasiones que quiere luchar contra las leyes confusas y fragmentadas que impiden que los ciudadanos puedan beneficiarse de la economía colaborativa. Airbnb quiere trabajar con los gobiernos en una normativa que facilite que la gente corriente, y no solo a las grandes empresas, puedan beneficiarse del turismo”, concluye el argumentario de la empresa.