La Generalitat celebra el mazazo judicial contra Cabify

Cabify, cada vez más acorralada en Cataluña. Este jueves la empresa de VTC que dirige Juan de Antonio ha visto cómo el sector del taxi ha sacado músculo en Barcelona contra su compañía con una marcha lenta que ha colapsado la ciudad.

Por si eso fuera poco, también hoy se ha conocido que el juzgado de lo contencioso administrativo 16 de Barcelona ha desestimado un recurso de la empresa Prestige & Limousine (del grupo Cabify) y ha fallado a favor del Govern. Horas más tarde, la Generalitat ha celebrado la sentencia judicial, sobre la que no cabe recurso. Ha sido a través del conseller de Territori i Sostenibilitat en funciones, Damià Calvet, y uno de los futuros hombres fuertes del nuevo Govern: "Avala nuestra normativa sobre VTC", ha afirmado el conseller.

El departamento ha informado de que el citado juzgado ha desestimado el recurso del grupo Cabify contra una multa impuesta por el Govern por el incumplimiento del periodo mínimo de precontratación, establecido en 15 minutos, según recoge el decreto ley aprobado en 2019 que regula el funcionamiento de los VTC.

DOCTRINA CONTRA CABIFY

La conselleria de Territori explica que esta es "la primera sentencia que se dicta en el marco de los recursos presentados por las sanciones impuestas por el Departamento". Calvet ha apuntado que "no cabe recurso ordinario" contra esta sentencia, lo que significa que el fallo "puede marcar doctrina" en otros casos. Malas noticias para Cabify y Juan de Antonio, que suma más dificultades para operar en Cataluña.

En concreto, la sentencia señala que "el plazo mínimo de precontratación de 15 minutos no debe ser computado desde la mera solicitud, sino desde su aceptación por ambas partes".

Juan de Antonio, fundador de Cabify, en una imagen de archivo

CABIFY SALE TRASQUILADA

Cabify defendía lo contrario, es decir, que se debía considerar el alta en la aplicación Cabify como formalización de un contrato de transporte. El grupo dedicado a las VTC llevó a la Justicia una sanción impuesta por el departamento el 13 de agosto de 2019 por valor de 601 euros, impuesta a raíz de una inspección de la Dirección general de Transportes y Movilidad.

El recurso de Cabify pedía también, indica el Govern, que el juez planteara una cuestión de inconstitucionalidad y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); solicitudes ambas que han sido desestimadas.

Coches de Cabify en una imagen de archivo / EFE

SANCIÓN DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

A este mazazo judicial cabe sumar otro reciente de Inspección de Trabajo contra la compañía de Juan de Antonio. Fue el pasado marzo, cuando se sancionó a Cabify y a otras dos empresas transportistas y una ETT que operan con ella por cesión ilegal de trabajadores, lo que conlleva multas que suman 735.000 euros.

De momento, Cabify y las otras tres empresas se enfrentan a propuestas de sanción que serían de 431.275 euros, y de 60.000 para la ETT (J.T. Hiring), mientras que las dos transportistas (López Rubio y Proinvertia) encaran una multa de hasta 243.745 euros. Según Inspección de Trabajo, las dos transportistas eran subcontratas de Cabify que le facilitaban la mano de obra ilegal y la ETT se encargaba de formalizar los contratos de puesta a disposición fraudulentos.