Un acuerdo muy costoso, complicado, con fricciones políticas, pero que a los dos socios del gobierno municipal de Barcelona ha logrado satisfacer. La modificación del Plan General Metropolitano, para modificar los usos del distrito del 22@, mantendrá el carácter económico, con hasta tres millones de metros cúbicos de actividad económica, pero con la ampliación también de vivienda pública. Se pasa de 9.000 viviendas, a 17.000 viviendas, de las que 12.000 serán a un precio asequible, de alquiler y con una gestión pública. El PSC y los comunes salvan, con ello, el plan urbanístico, manteniendo el espíritu inicial del proyecto, que es, principalmente, un polo económico en la ciudad, con una actividad tecnológica de primer orden.
El gran escollo se ha centrado, precisamente, en esa característica. El PSC, capitaneado por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, quería blindar el carácter económico del distrito y el plan contará con un millón de metros cuadrados adicionales de actividad económica, que se suma al 1,2 millones del año 2000, y a los 800.000 de 2021, que están en proceso de trámite. Todo ello, en el horizonte de 2030, permitirá, como ha señalado Collboni, la creación de “60.000 puestos de trabajo de calidad y preservar el espíritu inicial del 22@, un polo reconocido en todo el mundo”. Ese millón adicional ha sido la clave en las negociaciones. Finalmente, los comunes han aceptado esa petición, que tendrá una respuesta inmediata por parte del mercado, según fuentes municipales, porque se irá a buscar a actores en el sector privado.
MÁS VIVIENDA, "ES IMPRESCINDIBLE"
Los comunes insistían en mezclar esa actividad con la creación de viviendas asequibles, para hacer del distrito “un lugar para trabajar, pero también para vivir, con puestos de trabajo de calidad, pero en un entorno amable, con equipamientos”; según la teniente de alcalde de urbanismo y movilidad, Janet Sanz. Esa petición de vivienda pública era compartida por los socialistas, que la ven “imprescindible”, pero se trataba de llegar a un acuerdo, a una mezcla entre economía y demanda social.
Collboni ha señalado que el consistorio buscará en los próximos meses, en las ferias inmobiliarias, la inversión privada, con la convicción de que “será relativamente fácil, porque hay mucho interés en este polo de la ciudad”.
El acuerdo, 30% y 70%
El plan ha cambiado a partir de las alegaciones presentadas por las distintas entidades sociales y por la negociación entre los dos socios de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Del inicial 10% destinado a vivienda y 90% a actividad económica, se ha pasado a un 30% de vivienda y un 70%, pero sin perder “límite económico”, según Collboni, porque se ha ganado un millón de metros cuadrados para oficinas. Lo que sí ha cambiado, por un nuevo uso del espacio, es la proyección de más vivienda.
El acuerdo se llevará a la comisión municipal de Ecología, Urbanismo e Infraestructuras el próximo martes. A final de mes se abordará en el plenario, y también en la comisión mixta con la Generalitat.