Neinor y Cevasa arrancan en Barcelona su proyecto de vivienda social. Las dos promotoras han levantado la primera piedra del plan que construirá hasta 4.500 viviendas sociales en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), según El Confidencial.
El proyecto les fue adjudicado por el Ayuntamiento y el AMB en 2021 a través de la sociedad mixta Habitatge Metròpolis Barcelona (HMP), después de que Colau paralizara durante años el proyecto.
HISTORIA DEL PROYECTO
La idea se coció en el AMB bajo la presidencia de Xavier Trias, en 2013-2014, junto con Antonio Balmón (PSC), en los años posteriores a la crisis. Los políticos buscaron músculo financiero que permitiera construir miles de domicilios de forma rápida, mientras que el sector público tenía que poner el suelo. En 2015, cuando Colau accedió a la alcaldía, paralizó el proyecto, que quedó congelado.
En 2017, lanzaron un primer concurso con condiciones muy restrictivas, que quedó desierto. Finalmente, en 2021, se volvió a lanzar la licitación, que se adjudicó a la UTE de Cevasa y Neinor.
PRIMERA PIEDRA
La sociedad ha comenzado con el desarrollo del proyecto en el municipio de Sant Boi de Llobregat, donde ya construye 110 viviendas. La siguiente etapa del plan se ejecutará en Montgat, localidad en la que se ubicarán 300 alojamientos más.
Posteriormente, se construirán promociones residenciales en Barcelona y Sant Adrià del Besòs, en las que los inquilinos pagarán entre 400 euros y 750 euros mensuales y alojarán alrededor de 1.600 personas.
CUATRO FASES
El proyecto se desarrollará en cuatro fases, que contarán con una inversión de ambos socios de hasta 58 millones de euros y otros tantos millones por parte de las administraciones públicas.
Los trabajos de construcción generarán más de mil empleos. En esta primera fase, el Ayuntamiento aportará seis millones de euros, el AMB seis más, y Cevasa y Neinor invertirán doce millones de euros entre ambos.
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS
Las viviendas contarán con una superficie de 70 metros cuadrados e incluirán parkings, trasteros y locales comerciales en los bajos. El 75% se explotará en régimen general de protección oficial y el 25% restante, en régimen concertado.