El sector de los pisos turísticos de Barcelona pasa a la acción. El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha pedido una compensación de 4.280 millones de euros a la Generalitat de Catalunya en concepto de responsabilidad patrimonial por la aplicación del decreto ley que permite a los Ayuntamientos limitar este tipo de viviendas.
La asociación ha pedido una revisión de la nueva legislación para mantener un "sector regulado y pionero" ante un decreto ley que permite "expropiar" un derecho adquirido que afecta a 7.200 pisos turísticos básicamente situados en la ciudad de Barcelona.
"Toda expropiación tiene que conllevar una indemnización", ha explicado Alcántara, que ha recordado que los propietarios han hecho inversiones y tendrán que indemnizar a los trabajadores que tengan que despedir.
Visitantes llegando a un piso turístico en Barcelona / HUGO FERNÁNDEZ
No soluciona el problema de la vivienda
Alcántara ha criticado la decisión de Collboni de no renovar las licencias de los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona y ha propuesto que se destinen los 100 millones que se recaudan de la tasa turística a políticas de vivienda.
Según ha dicho Alcántara, la eliminación de los pisos turísticos "no garantiza que pasen al mercado residencial", ya que los apartamentos legales representan solo el 1 % del parque total de vivienda de la ciudad. Ha tildado que se ponga los pisos turísticos como el problema de la vivienda como "una falacia" que solo sirve para "camuflar" la falta de propuestas.
Asimismo, ha remarcado el impacto económico de su actividad y ha advertido que su eliminación supondrá perder 5.000 puestos de trabajo. El presidente de Apartur ha asegurado que el sector genera 345 millones de euros de impacto directo, mientras que el impacto indirecto asciende hasta los 1.200 millones. Ha asegurado también que aportan directamente 160 millones en impuestos a la administración pública.
Imagen de la ciudad de Barcelona
Recorrido judicial
Ahora la conselleria de Territori del gobierno catalán tiene seis meses para responder. En caso de silencio administrativo, los propietarios han advertido que presentarán un contencioso administrativo.
Finalmente, el sector ha recordado que la Comisión Europea ya ha abierto un expediente por vulnerar la normativa comunitaria, mientras que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad.