La obligación que impone Barcelona de destinar el 30 por ciento de la nueva vivienda a pisos sociales supone la protección de 62.756 hogares frente a la especulación y permitiría, a largo plazo, incorporar hasta 18.827 nuevos pisos protegidos en zonas como el Eixample y Gràcia.
Estas son las conclusiones que se desprenden del informe 'Barcelona ante el dilema del 30 %' elaborado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y que evalúa el impacto de la norma promovida durante el gobierno municipal de Ada Colau los últimos seis años.
En el estudio también la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya.
Especulación
Los investigadores de IDRA han hecho un llamamiento a que se mantenga la exigencia de reservar el 30% a vivienda asequible frente a la reforma que prevé tramitar el gobierno de Jaume Collboni antes de terminar el año.
Según el estudio, una modificación de la norma tendría efectos negativos para los vecinos y generaría ganancias extraordinarias para los inversores, pues abriría la puerta a la especulación, con una plusvalía potencial de unos 2.300 millones de euros.
Dique de contención
De hecho, la denominada medida del 30 por ciento funciona como un "dique de contención" contra este fenómeno, indican los investigadores, y desincentiva las prácticas especulativas.
Concretamente, protege a 62.756 hogares que viven de alquiler en 3.909 edificios.
Además, el informe destaca que el 88 % de los edificios afectados por la medida están en manos de grandes tenedores, de manera que les obliga a "contribuir en la creación de vivienda protegida y a redistribuir la riqueza", aparte de bajar el precio del suelo en un 25 % en toda la ciudad.
Una bloque de vivienda social en construcción en el área metropolitana
Renuncia de 19.000 viviendas
La reforma supondría un aumento del riesgo de expulsión de los inquilinos y la renuncia a un total de 18.827 viviendas de protección oficial nuevas.
Unos hogares que hasta podrían construirse en zonas consolidadas como en los barrios de El Eixample y Gràcia y no en la periferia, donde suelen incorporarse.
Exige sanciones
El IDRA pide al Ayuntamiento no solo que se mantenga el 30%, sino que se apliquen sanciones efectivas para el incumplimiento.
También recomiendan ampliar la medida en zonas llamadas de "hiper-déficit" de vivienda asequible.