La pelota ya está en el tejado de Airbnb. El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado la mañana de este martes, 8 de julio, una propuesta para renovar el convenio con la plataforma de alquiler que exige la retirada de los anuncios de pisos turísticos ilegales en menos de 48 horas.
El documento, que sustituye al ya caducado de 2018, se ha remitido después de que representantes del consistorio y de la empresa americana se reunieran el pasado 17 de junio. Un encuentro del que el alcalde Jaume Collboni no se mostró satisfecho y acusó a Airbnb de ser "colaboradores indirectos" de aquellos apartamentos que se lucran del turismo sin tener licencia.
"Confiamos que Airbnb aceptará nuestras demandas", ha afirmado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ante los medios.
15 días de margen
Bonet ha avanzado que el consistorio dará 15 días a la plataforma para que se pronuncie. En caso de no obtener una respuesta o de negarse a aceptar las demandas, "los equipos del gobierno ya estudian todas las acciones por la vía civil, administrativa o penal para garantizar la normativa".
Estas acciones, según ha explicado la teniente de alcalde, se efectuarían contra Airbnb en caso de incumplimiento de la normativa estatal que entró en vigor el pasado 1 de julio y que obliga a todos los pisos turísticos y de temporada de España a registrarse en la Ventanilla Única Digital antes de anunciarse en cualquier web.
Sanciones a propietarios
En paralelo, el gobierno municipal también está vehiculando sanciones a los anfitriones que se anuncien sin tener licencia, con multas de hasta 60.000 euros y una orden de cesamiento del piso.
“Nos hemos encontrado anuncios con anfitrión James Bond y número de licencia 007”, ha denunciado Bonet.
El último listado elaborado por el Ayuntamiento cifra en 350 los pisos turísticos ilegales anunciados en Airbnb en Barcelona.
La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet
Condiciones para Airbnb
El convenio propuesto por el Ayuntamiento va "más allá" de la normativa estatal y establece una serie de demandas -"de sentido común"- que pasan por exigir a la plataforma que la información de las publicaciones sea verídica, que se verifique la identidad de los anfitriones y la titularidad de las propiedades.
De forma mensual, la compañía norteamericana tendría que hacer llegar al consistorio datos como la URL del anuncio, el correo electrónico, el nombre del anunciante, el CIF, la titularidad, las licencias, la dirección, el tipo de habitación y la coincidencia entre la licencia y la dirección del inmueble.
Cuentas bancarias
Además, Airbnb debería comprometerse a exigir a todos los usuarios que se den de alta en la plataforma que acepten ceder datos como las cuentas bancarias a autoridades competentes para que el Ayuntamiento de Barcelona tenga la información para velar por el cumplimiento de la normativa.
Bonet ha asegurado que el consistorio no está abierto a negociar: "Por nuestra parte no cederemos, no negociaremos porque el derecho a la vivienda es innegociable".
El director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago
48 horas para retirar los anuncios fraudulentos
Por otro lado, la plataforma tendría un máximo de 48 horas para eliminar los anuncios fraudulentos y en casos de infractores reincidentes o presuntos estafadores, la retirada debería ser inmediata.
Con tal de velar porque estas publicaciones no vuelvan a salir a la luz, Airbnb debería crear una base de datos, además de un sistema web para desactivar rápidamente los anuncios cuando los servicios de inspección del Ayuntamiento detectaran actividad ilegal.