La escasez de vivienda en Barcelona ha sumido a la población en una crisis inmobiliaria que todavía no ve la luz al final del túnel. Además de construir edificios y eliminar las licencias de pisos turísticos, la estrategia del Ayuntamiento pasa por rehabilitar y fomentar la transformación de oficinas en hogares.
No obstante, la capital catalana sufre una particularidad: la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones y las grandes rehabilitaciones.
Esta normativa, aprobada durante el gobierno municipal de Ada Colau, afecta directamente a potenciales apartamentos en la ciudad, especialmente en el centro, donde se ubican plantas de amplias dimensiones.
De vivienda a despacho
Es el caso de una propietaria de un despacho en un piso del barrio de Gràcia y que quiere transformarlo de nuevo en vivienda.
La mujer ha explicado a Metrópoli que anteriormente el espacio entero había sido el hogar de su familia, pero, al quedarse sola, decidió convertir parte del apartamento en oficinas. Ahora, la propietaria lucha por devolver el uso residencial en este lado del piso.
Un inmueble de la calle Gran de Gràcia
Obligados a aplicar el 30%
Pese a que el cambio de usos fue fácil de obtener, el Ayuntamiento le indicó que la residencia resultante estaba sujeta a la normativa del 30% y debía ser de protección oficial.
“Si es un promotor el que compra un inmueble para rehabilitarlo, en principio, no hay problema para aplicar el 30%. Pero cuando es un edificio que ya existe y donde hay propiedad horizontal, con 15 o 20 propietarios diferentes, prever el 30% cuando alguien hace obras es una entelequia”, ha afirmado el abogado que representa a la propiedad, Xavier Nadal, del despacho Pareja & Associats Advocats.
Gràcia, sujeto a una regulación específica
Además, el distrito de Gràcia está sujeto a una regulación específica. Mientras que la norma del 30% se aplica a los cambios de uso en viviendas de 600 metros cuadrados de techo como mínimo, en Gràcia las dimensiones bajan a los 400 metros cuadrados.
Por tanto, la planta que la familia quiere reformar se adecúa a estas condiciones, aunque Nadal ha asegurado que “no tiene ningún sentido”.
Pisos en rehabilitación en una imagen de archivo
Faltan concreciones
En primer lugar, ha argumentado el abogado, las viviendas de protección oficial tienen una superficie máxima de 90 metros cuadrados, cuando el piso en cuestión mide aproximadamente 160 metros cuadrados.
“El Ayuntamiento debería buscar un tipo de familia numerosa en el registro de solicitantes de protección oficial para aprovechar la vivienda”, ha aclarado, y ha añadido que es un supuesto que no está planteado en la normativa.
Por otro lado, tampoco hay ninguna especificidad acerca de, en un mismo inmueble, qué propietarios deben destinar su vivienda al 30% y cuáles no en caso de querer hacer obras.
“De todos los hogares que hay, ¿a quién le ponemos el 30% y a quién no? ¿Quién decide qué propietario de la finca se va a sacrificar?”, ha preguntado Nadal.
Una vivienda menos
Debido a esta problemática, la familia se ha visto obligada a recular en el cambio de uso mientras se resuelve la resolución en el tribunal contencioso-administrativo. Mientras tanto, ha recordado el abogado, “hay una vivienda menos en Barcelona”.
El letrado recuerda que la vivienda protegida tiene unos límites de venta y alquiler, de manera que el domicilio termina desvalorizado del mercado, más aún cuando se trata de un gran piso en el centro de Barcelona.
Plaza de la Virreina de Gràcia
No habrá reforma del 30%
La familia que representa el despacho de Pareja & Associats Advocats tenía la esperanza, como muchos promotores e inversores privados, de que el gobierno de Collboni reformaría la normativa del 30%.
No obstante, el alcalde dejó claro en una entrevista a este digital que no tenía intención de retomar las negociaciones con las formaciones políticas hasta el próximo mandato: "La medida del 30% en vivienda la meto en un cajón”, aseveró, al comprobar que no tiene apoyo político para afrontar la reforma.