Cartel de seguridad con simbología romaní en unas obras de Barcelona
Interior archiva una decena de denuncias por 'intrusismo laboral' en obras públicas de Barcelona
Sindicatos y patronales insisten en que familias y clanes de origen romaní ejercen competencia desleal e intrusismo laboral al encargarse de la seguridad
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Carpetazo a una oleada de denuncias por intrusismo laboral. La Conselleria d'Interior ha archivado de un plumazo 11 de las 12 denuncias interpuestas por el sindicato ADN Sindical, seguridad y servicios de Cataluña contra supuestas empresas encargadas de la seguridad en obras públicas de Barcelona.
Según ha explicado el sindicato a Metrópoli, todas las demandas han caído en saco roto con la única excepción de una obra ubicada en la localidad metropolitana de Castelldefels. La cuestión se remonta a finales de 2025, cuando la formación sindical recopiló un total de 12 casos de obras cuyo servicio de seguridad estaba a cargo de clanes de etnia gitana.
Consideraban más que probado el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada (LSP) --amparándose en los artículos 5 y 10-- porque, por no haber, no había ni vigilantes en las obras.
Estos trabajadores 'fantasma', de haber estado, deberían tener la titulación, acreditación y formación específica para ejercer de vigilantes. También las empresas deben contar con los pertinentes certificados. Pero el principal --y en varios casos el único-- elemento disuasorio era un cartel con la bandera romaní con el nombre del clan o familia.
Intrusismo, competencia desleal y publicidad engañosa
No solo eso, dichos carteles, en algunos casos, presentaban también la foto de cámaras de seguridad e incluso de vigilantes. A ojos del sindicato, ya no se trata solo de intrusismo laboral y competencia desleal a empresas legítimas del sector, sino que también se incurre en publicidad engañosa.
Tras la denuncia, la Conselleria llevó a cabo investigaciones. En cada comunicación, la respuesta ha sido la misma: "Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas y visto el resultado de las actuaciones inspectoras que se han llevado a cabo, no ha resultado acreditada la comisión de la infracción denunciada".
Cartel de seguridad con la bandera romaní en unas obras de Barcelona
En declaraciones a este digital, se muestran tan sorprendidos como decepcionados por el archivo de las denuncias y anuncian que, junto con la patronal Acaes, acudirán el próximo 18 de marzo a la conselleria para tratar este asunto, entre otras cuestiones.
Cuestión de procedimiento
"Desde Acaes detectamos con preocupación un incremento de casos de intrusismo en el ámbito de la vigilancia de obras. Cada vez es más habitual encontrar carteles que indican que una obra está 'controlada' por una determinada entidad o clan cuando en realidad no se trata de empresas de seguridad privada autorizadas ni de personal debidamente habilitado", asegura la patronal.
Cartel ´de seguridad con simbología romaní en unas obras de Barcelona
¿Cómo se explica que no se interpongan denuncias? La cuestión, analiza la patronal, radica en el procedimiento a seguir para las mismas. "Desde nuestra asociación denunciamos todos los casos que llegan a nuestro conocimiento. Sin embargo, que estas denuncias deriven en un expediente sancionador no es sencillo. A menudo, cuando los Mossos d’Esquadra realizan la inspección correspondiente, no encuentran a nadie ejerciendo tareas de vigilancia en ese momento, lo que dificulta acreditar la vulneración de la normativa".
"Además, los grupos que operan en este ámbito no suelen mantener presencia constante en el interior de las obras, sino que actúan por zonas, lo que complica que puedan ser detectados in fraganti", detallan.
Inspecciones
"Sin un acta de inspección que constate la infracción de la normativa de seguridad privada, el Departament d’Interior no puede incoar expediente sancionador y las denuncias acaban siendo archivadas".
"Es necesario reforzar los mecanismos de control y concienciar a promotores y administraciones de que la seguridad privada es una actividad regulada que exige autorización y profesionales habilitados. Garantizarlo es una cuestión de legalidad, pero también de calidad y de seguridad para todos", han concluido.