Javier Gil, sociólogo: “Necesitamos expulsar a los grandes especuladores de Barcelona para que emerjan actores que traten la vivienda como un derecho”

La crisis de la vivienda ha creado un nuevo sujeto social: la generación inquilina, un colectivo que no entiende de edades, sino que empezó con los millennials (1981-1996) y va sumando a más jóvenes a medida que el capitalismo rentista “canibaliza” las bases sociales.

Para Javier Gil, sociólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), autor del libro Generación inquilina: Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad, (Capitán Swing), los inquilinos de hoy en día no viven de alquiler por elección, sino por imposición estructural, y contribuyen a generar riqueza para los propietarios.

“Es una generación que, educada bajo la promesa de la vida de clase media, se estrella contra un sistema rentista que bloquea su horizonte vital, pues sus ingresos no garantizan estabilidad y el hogar que habita se convierte en un objetivo estratégico para la obtención de rentas”, teoriza Gil.

El sociólogo e investigador del CSIC, Javier Gil CRISTINA CANDEL

En un contexto donde “la riqueza y la posición social dependen cada vez más de los activos que se posean y cada vez menos del empleo o del salario”, el sociólogo propone una lucha de clases basada en el sindicalismo de los inquilinos que desafíe a una administración pública que “ha puesto la alfombra roja” a los fondos inversores.

“Estamos ante una oportunidad histórica. La generación inquilina padece ese sistema, pero también tiene la posibilidad de transformarlo todo”, afirma.

En una conversación con Metrópoli, el investigador destaca las políticas “pioneras” del Ayuntamiento de Barcelona.

También defiende la necesidad de huir del discurso de “la falta de oferta” y aboga por una huelga de alquileres para sublevarse y plantar cara a los grandes especuladores del país, una decisión drástica que, según asegura, “funciona”, como ha podido comprobar en su experiencia como activista y fundador del Sindicato de Inquilinas.

El fondo propietario del coliving de la Vila de Gràcia aplaza el desahucio de un vecino tras la mediación del Síndic

¿Es Barcelona la ciudad que más desafía al “rentismo” y la especulación con medidas como la eliminación de los pisos turísticos o los topes a los precios del alquiler?

Sin lugar a dudas, Barcelona es pionera en todo el Estado. Es donde se están aplicando políticas más garantistas en materia de vivienda que avanzan en proteger la función social de la misma. Aun así, vemos que esas medidas son insuficientes. Son óptimas en el sentido de intentar detener el problema, pero con muy poca capacidad para revertirlo.

No deja de ser paradójico que quien tiene menos renta esté continuamente favoreciendo al que tiene más. ¿Aboga, por tanto, por más propietarios, aunque hayamos pasado a todo lo contrario?

Es difícil volver a la sociedad de propietarios porque eso ya se ha intentado y ha generado una gran burbuja inmobiliaria. Eso no quita que haya que dificultar los usos no residenciales de la vivienda, desde usos turísticos, vivienda vacía o compras no residenciales. Una hipótesis central del libro es que lo que viene pasando de 2008 en adelante es una inversión especulativa, no residencial, que es la que se queda con las viviendas y hace que el precio se desconecte de los salarios. Eso mismo ocurre en Barcelona y hay que corregirlo fomentando el uso residencial.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni comparece en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado EFE/ Chema Moya

¿Así se lograrían reducir los precios?

Los precios continúan muy altos. En el momento en que el Estado dé un paso al frente para generar un parque público de vivienda con un fuerte patrimonio inmobiliario que intente equiparar la vivienda, la sanidad y la educación, inmediatamente lo que va a pasar es que los fondos de inversión van a salir escopeteados. No habrá sitio para ellos. Y tiene que ser un cambio legislativo que se impulse desde distintos niveles administrativos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho en varias ocasiones que si los fondos se van, bienvenido sea.

Completamente, y esta idea hay que extenderla. Cuando expulsas a los grandes especuladores, dejas sitio para que emerjan actores como Sostre Cívic, la administración pública o incluso la propia población, actores que no buscan rentabilidades desorbitadas y tratan la vivienda como un derecho.

En Barcelona, nueve de cada diez propietarios tienen menos de cinco viviendas, pero los precios siguen subiendo. ¿Cómo se compite contra esa tendencia?

Quienes marcan las reglas del mercado siempre son los grandes. Ahora mismo, los particulares tienen cero capacidad de incidir en la política de vivienda de este país. Quienes la marcan son los grandes fondos soberanos, muchos internacionales. Uno de los mayores propietarios de vivienda en España es Blackstone, fundado por Stephen Schwarzman, uno de los donantes y asesores de Donald Trump. Es decir, el dinero que entra de estos fondos tiene mucha fuerza política. Ellos son los que marcan el juego.

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¿Se permite que estos grandes actores continúen influyendo en el país?

Estos fondos de inversión cuentan con el respaldo de las estructuras políticas económicas más importantes de la economía internacional. En España se les puso una alfombra roja. El gobierno de Rajoy impulsó un cambio legislativo respaldado por el Banco Central Europeo durante los años de la burbuja. Ahí vemos que la inversión extranjera directa en el sector inmobiliario español se dispara. El que intente bajar los precios se enfrentará a una presión política enorme, no lo puede hacer cualquiera. Por eso, aunque la estructura de la propiedad en Barcelona no sea atomizada, hay un 1% de caseros que tienen 15 o más viviendas y controlan el 24% de los pisos de arrendamiento. Es una barbaridad.

Por tanto, no se trata de ponerse a construir vivienda pública de forma masiva, ¿sino de regular e incidir en todo lo que ya tenemos?

Según datos del Banco de España, hay muchos de los grandes municipios, especialmente los turísticos, que pierden población mientras que los alquileres suben. Un factor central que influye en este incremento es la demanda no residencial, la especulativa. ¿De qué sirve construir 10.000 viviendas si se van a convertir en pisos turísticos? La construcción es siempre la última salida, primero hay que regular los usos para terminar con la especulación. Además, en sitios como Madrid o Barcelona, vemos que son los fondos los que están construyendo miles de viviendas libres de dos o tres habitaciones a medio millón de euros en zonas donde no hay nada. Al final, se deja la construcción en manos de actores que lo que buscan es aprovechar la crisis de vivienda para aumentar los beneficios.

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Ante este panorama, hay un lema que se repite: “El derecho a quedarse en la ciudad”. ¿Cómo se puede asegur cuando ciudades globales y atractivas como Barcelona no dejan de atraer estudiantes y profesionales de todo tipo?

Se tiene que hacer a través de la regulación, como en Suecia. No se puede poner barreras a estudiantes internacionales, a turistas o a nómadas digitales, pero puedes limitarlo. Creo que las mejores zonas de la ciudad las tienen que habitar los ciudadanos que residen en el municipio todos los días y no quienes van cinco días, un mes o un año. Lo primero es garantizar la vivienda, ya que con ello también garantizas, por ejemplo, una buena educación o alimentación para tus hijos.

Aparte de lo que pueda hacer el Estado, en su libro habla de otro actor fundamental, la generación inquilina. ¿Cómo se puede generar un movimiento en el que todos los inquilinos se sientan representados?

Tenemos muchos derechos interiorizados, pero son derechos que se han conquistado. Hay mucha energía puesta y recursos en intentar atacar al sindicalismo, pero lo que vemos es que están creciendo los sindicatos de inquilinas por el país. El año pasado hubo movilizaciones masivas. La población está gritando "Basta ya. ¿Por qué por un piso que costaba hace diez años 1.000 euros, ahora se alquila a 2.500?". Ahí es cuando la gente se planta. Esto ya solo se cambia con desobediencia, hasta que se transforme en derecho fundamental.

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¿Cómo se llevaría a cabo hoy en día una huelga de alquileres y qué consecuencias tendría?

Hay muchos tipos de huelgas de alquileres. Por ejemplo, en Catalunya hubo la huelga con las promociones de CaixaBank, que consiguieron que la administración les comprara el edificio. En Madrid se ha ganado a Blackstone. No siempre vas a ganar, pero para muchas personas es la única vía para poder permanecer en una vivienda asequible. Cada vez hay una situación mayor de malestar, donde el bienestar está más determinado no por el trabajo y el esfuerzo individual, sino por la capacidad de recibir herencias. Lo que estamos viendo es que el siglo XXI está revirtiendo las conquistas del siglo XX y nos está llevando a una sociedad que parece del siglo XIX… Además, la crisis de la vivienda genera tensiones sociales y mucha desafección, por eso es también una crisis política que está dando gasolina al auge de la extrema derecha.