La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Un informe jurídico concluye que la ley contra la compra especulativa de vivienda del Parlament es inconstitucional
Som Habitatge reprocha una nueva norma que generará más inseguridad jurídica y allana el camino para que los partidos presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional o un dictamen del Consell de Garanties Estatuàries
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Un dictamen jurídico del catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre y del profesor agregado de Derecho Civil Héctor Simón, ambos de la Universitat Rovira i Virgili, rechaza la constitucionalidad de la proposición contra la compra especulativa de vivienda que previsiblemente se debatirá y aprobará esta semana en el Pleno del Parlament de Catalunya.
Según las conclusiones del informe, encargado por la asociación de propietarios Som Habitatge, el legislador catalán carece de competencias para tramitar estas iniciativas, que vulneran el derecho europeo, además de atentar contra el derecho a la propiedad privada.
Las proposiciones de los comunes y la CUP
Las dos proposiciones de ley sometidas al escrutinio de los juristas son las publicadas por los comunes el pasado 10 de noviembre, la cual recibirá probablemente luz verde este martes, y por la CUP el 16 de marzo, cuya votación ha quedado pospuesta.
En primer lugar, la iniciativa de los comunes da poder a los ayuntamientos para limitar a través de los planes urbanísticos la finalidad de la compra de viviendas.
De este modo, la vivienda solo podrá destinarse al uso habitual y permanente de la persona adquirente o de uno de sus familiares. En caso contrario, únicamente podrá alquilarse como residencia habitual y sujeta al control de rentas vigente.
Solo se permite excepcionalmente la adquisición de una segunda residencia cuando no esté en el mismo municipio. Además, tampoco podrá destinarse a vivienda turística o de temporada.
Vista panorámica de Barcelona con el Mirador Torre Glòries de fondo
La norma registrada por la CUP se centra en la compra por tanteo y retracto por parte de la Generalitat y fija un tope al precio de venta de todas las viviendas situadas en zonas tensionadas.
En concreto, no podrán venderse por encima de 1,5 veces el precio del módulo de la vivienda de protección oficial.
Normas que exceden el ámbito urbanístico
El catedrático Sergio Nasarre ha asegurado en la rueda de prensa de presentación del informe este lunes, 6 de julio, que estas iniciativas suponen una intervención “cada vez más importante” del mercado de la vivienda.
“Ahora ya no podemos ser propietarios de nuestra casa, lo será la Generalitat y nos irá diciendo qué podemos hacer y qué no con nuestras viviendas”, ha sentenciado.
Para el jurista, una norma que influye, prohíbe y condiciona la vivienda mediante las leyes de urbanismo supera cualquier ámbito y capacidad autonómica, por lo que es inconstitucional y afecta a la propiedad privada al excederse.
Bloques de pisos en Barcelona / EUROPA PRESS
Desigualdades territoriales
Asimismo, Nasarre ha destacado que limitar la compraventa en Catalunya supondría un trato territorialmente diferenciado entre las distintas comunidades autónomas españolas, lo que quebraría la igualdad de derechos.
El profesor Héctor Simón, por su parte, ha criticado que los informes de la Generalitat que avalan las propuestas no cumplen con los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque no explican que la crisis de acceso a la vivienda provenga de la compra especulativa, lo que justificaría una prohibición de estas características.
En tramitación en lectura única
La directora general de Som Habitatge, Anna Puigdevall, ha reprochado que el Govern nuevamente tramite una ley por lectura única –lo que agiliza el proceso–, ya que “agrava la inseguridad jurídica”.
“Estamos en un ciclo vicioso. Se crean leyes precipitadas, que luego se tumban completa o parcialmente por los tribunales, generan un vacío normativo y luego volvemos a sacar una ley de forma precipitada”, ha aseverado.
En este sentido, la directora general ha recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PPcontra la ley 11/2025, de 29 de diciembre, que regula el tope a los alquileres de temporada y de habitaciones.
Entrevista a Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge BARCELONA
Contra la inversión privada
Puigdevall ha asegurado que las leyes actuales “no pretenden arreglar el problema, sino ir en contra de la propiedad privada por un motivo plenamente ideológico” y ha advertido que quienes “pagan” las consecuencias de estas normas son las familias que buscan alquiler, los jóvenes que buscan emanciparse y los pequeños propietarios.
“Si ya somos uno de los países de Europa que está a la cola en inversión pública en vivienda y prohibimos la inversión privada, ¿quién generará la oferta de alquiler?”, ha cuestionado Puigdevall.
Desde Som Habitatge, han pedido a los partidos políticos que activen todas las herramientas para tumbar la ley como un recurso ante el Tribunal Constitucional o un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.
Asimismo, la asociación ha presentado una queja ante la Sindicatura de Greuges.
