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Las viviendas de protección oficial actuales distan mucho de las promociones levantadas durante los años 60 y 70, caracterizadas en España por una arquitectura más austera y por el uso de materiales más sencillos.

En Barcelona, buena parte de las promociones públicas recientes o pendientes de construir incorporan patios interiores, cubiertas accesibles con vegetación, trasteros o plazas de aparcamiento. La Illa Glòries y la Illa Acer, las dos construcciones más grandes de la ciudad en esta modalidad, cuentan con algunos de estos espacios comunes.

En el área metropolitana, además, existen promociones de vivienda protegida con zonas compartidas menos habituales, como un huerto en la promoción Turó del Sastre de Montgat, o piscina y solárium en una promoción de Finestrelles, Esplugues.

Render de la piscina comunitaria en la torre de VPO en Finestrelles Metropolitan House

La promoción de la calle Oriol, en el barrio de Can Clota de Esplugues, va un paso más allá y cuenta con piscina, pista de pickleball, gimnasio y un área de coworking.

La calidad frente al precio

La razón por la que han variado tanto las construcciones de VPO en el país es que la calidad de las viviendas libres y las protegidas es prácticamente la misma.

La CEO de Q Living Real Estate, Rosa María Gallego; el CEO de Lagoom Living, Javier Braza; y el consejero delegado de Culmia, Francisco Javier Pérez, precisaron en el V Congreso Nacional de Vivienda organizado por la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) que siempre buscan la máxima calidad posible en el diseño de sus pisos sociales.

En Culmia, por ejemplo, han incorporado coworkings y zonas comunes, además de recurrir a la construcción industrializada y a sistemas centralizados de climatización para reducir los costes finales del alquiler.

Sin embargo, Gallego fue más crítica. “Todo se traduce a coste”, aseguró.

No se trata de hacer vivienda low cost, explicó, ya que las promociones tienen un nivel de calidad que el capital extranjero “alucina” con los pisos sociales españoles.

La CEO de Q Living Real Estate, Rosa María Gallego; el CEO de Lagoom Living, Javier Braza; y el consejero delegado de Culmina, Francisco Javier Pérez; entre otros APCE

“Tenemos que optimizar y ser sostenibles no solo a nivel de eficiencia energética sino también ser sostenibles económicamente”, puntualizó.

Para Gallego, el alquiler asequible debe encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la estabilidad.

“Cuando hacemos vivienda de alquiler asequible con piscina, con garaje, con conserje, con coworking… El alquiler y los gastos se disparan”, argumentó.

El coste de los extras

El problema, según la CEO de Q Living, es que los promotores se encuentran también con una contradicción: si no incluyen determinados servicios en sus diseños, pueden recibir críticas por estar creando “guetos”. Una crítica que Gallego rechaza, ya que lo que hacen las compañías dedicadas a promover vivienda asequible es “solucionar un problema habitacional” que dará cobertura al 80% de la sociedad.

“¿Cuál es el tipo de vivienda que debemos hacer? La que el inquilino pueda pagar”, subrayó.

La CEO de Q Living Real Estate, Rosa María Gallego APCE

Hacer una piscina cuesta unos 40.000 euros y una pista deportiva unos 10.000 euros, según desglosó la CEO de Q Living. Pero el gasto no termina con la construcción.

Cada año, los inquilinos deberán asumir, según sus cálculos, unos 18.000 euros de mantenimiento de la piscina o 30.000 euros del servicio de conserjería. “Eso es lo que debemos conseguir que sea sostenible”, afirmó.

Además, Gallego destacó que el alquiler asequible es “el trampolín” de los ciudadanos con menos rentas para optar a la venta.

“Casi ningún inquilino agota los siete años de contrato. Yo represento esos años en los que tienen que ahorrar para comprar una vivienda”, aseguró.

Gallego también abogó por aumentar la oferta de vivienda asequible y, para ello, defendió la necesidad de atraer capital “de una manera controlada y con una rentabilidad segura, no alta, segura”.

Promoción de viviendas protegidas de la Illa Acer Ayuntamiento de Barcelona

Encarecimiento de la vivienda social

Las tres compañías coincidieron en que invertir en vivienda es complicado, ya que existen otros segmentos que ofrecen una mayor rentabilidad.

Pérez advirtió que los tipos de interés no han dejado de subir desde la guerra de Ucrania y que antes se podía promover alquiler asequible a 6 u 8 euros por metro cuadrado.

En estos momentos, para tener una rentabilidad se necesitan precios de 11 euros el metro cuadrado. A ello se suma el incremento de los costes de urbanización de las parcelas.

En este sentido, Pérez celebró las subvenciones existentes a nivel estatal y las previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque advirtió que se necesita mucha más inversión pública, ya que la capacidad de las administraciones para sacar adelante concursos de colaboración público-privada es “insuficiente”.

El consejero delegado de Culmina, Francisco Javier Pérez APCE

Asimismo, el CEO de Lagoom, Javier Braza, afirmó que a las administraciones todavía les queda mucho suelo por desarrollar.

“No vamos bien. Reclamamos un pacto de Estado desde hace años. Quitemos las ideologías…”, defendió.

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