Salieron a la calle, el día 18 de abril, para hacer la compra en el supermercado. Era la fase 0 de la desescalada y, a pesar de que no estaba permitido, fueron juntos porque "necesitábamos muchas cosas y teníamos que dividir el peso". Aseguran que igualmente mantenían las distancias. Pero en la calle Consell de Cent, entre Girona y Bailèn, la Guardia Urbana les dió el alto y les impuso una sanción. Ahora les ha llegado a casa.
Se trata de dos multas por un importe de 600 euros cada una. En total, 1.200 euros por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana. O eso era al menos lo que ponía en el resguardo que les entregó el agente, porque en la notificación que han recibido en su domicilio dice que lo que se saltaron fue la Ley de Salud Pública de la Generalitat. En una conversación con Metrópoli Abierta, la pareja señala "irregularidades" y asegura que el proceso "es denunciable".
"Cuando nos multaron en abril, la Guardia Urbana dijo que no les habíamos hecho caso y estábamos desobedeciendo. En aquel momento se escudaron en la Ley de Seguridad Ciudadana. Era su palabra contra la nuestra...", explica ella. "Pero ahora han cambiado de versión, solo hay que ver la incongruencia en los documentos", expresa.
Notificación recibida por la pareja este mes de febrero / CEDIDA
DIFICULTADES PARA ALEGAR
Narra además un periplo para presentar alegaciones. Primero, por el poco tiempo que, dice, les han dado para hacerlo: "Solo nos dieron cinco días, cuando en otros casos el plazo es de hasta 15". Segundo, por las dificultados que asegura haber tenido para recibir toda la documentación. "Hay un teléfono para contactar con ellos, pero tardan mucho en facilitar toda la información. Necesitamos el boletín de denuncia, muy importante para constatar lo que anotó entonces la Guardia Urbana. Es misión imposible, muy complicado. Hemos pedido los papeles de los dos y sólo hemos recibido los míos. Los de mi marido, no", expresa. Y tercero, por la rebaja de la sanción en caso de pagar a tiempo: "A diferencia de otras multas con reducción del 50% aquí es solo del 40%".
Algo que ve como una "argucia" y "afán recaudatorio" del Ayuntamiento. "Nos han cambiado la ley para que sea más difícil presentar alegaciones, acortan los plazos y tenemos menos descuento", protesta antes de añadir: "Hemos consultado con abogados que dicen que se ponen muchas multas de este tipo en Barcelona".
LA VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Desde el consistorio niegan las acusaciones. Fuentes municipales aseguran que, durante la tramitación de una sanción, siempre se acaba de "ajustar la norma" a lo que ha ocurrido. En este caso, la ley infringida se habría cambiado "en el marco del proceso sancionador" para aplicar la legislación correctamente.
Además, desde el Ayuntamiento valoran que el importe de la multa es menor del que se habría impuesto a la pareja si su hubiese procedido por la Ley de Seguridad Ciudadana, mucho más restrictiva. Aseguran que las deducciones son las mismas, independientemente de qué cuerpo policial haya interpuesto la sanción, y defienden que los plazos de alegación en este caso los que marca la Generalitat.