En menos de dos semanas se conocerá la sentencia del 'cas Palau'. En plenas negociaciones para formar el nuevo Govern de la Generalitat y a dos días de que se forme el Parlament, la Audiencia de Barcelona hará público el 15 de enero si condena a Fèlix Millet y a Jordi Montull por el saqueo del Palau y a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por, presuntamente, haberse financiado irregularmente a través de las arcas del Palau. La sentencia llegará ocho años y medio después del registro de los Mossos del conocido recinto musical.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este miércoles que la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes el próximo 15 de enero a las 9.30 horas, en la sala de vistas número 2 del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia, para entregarles la sentencia en mano y de forma simultánea.
El 'cas Palau' se remonta al 23 de julio del 2009. Aquel día, la policía autonómica registró el Palau de la Música, lo que puso bajo sospecha la financiación de Convergència. Un mes después, Millet y Montull confesaron haberse embolsado 3,3 millones de euros. Con los años, la cifra del saqueo creció por encima de los 30 millones de euros, dinero público o privado que se destinó a todo tipo de actividades particulares, como pagar la boda de la hija de Millet y viajes de lujo. Millet pagaba muchos gastos al contado.
FERROVIAL PAGABA UN 4%, SEGÚN EL FISCAL
El juicio empezó el pasado marzo y acabó en junio. En él, Millet y Montull aseguraron que CDC, a través del Palau de la Música, cobró comisiones del 4% de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol, que permitió construir la Ciutat de la Justícia o la L-9 del metro. Hasta 2009, según la Fiscalía, CDC pudo haber recibido 6,6 millones de euros en comisiones que la constructora camuflaba en donaciones al Palau.
La Fiscalía pide una pena de cárcel para Millet y Montull de 14 años y nueve meses y de 10 años y de nueve meses, respectivamente. La petición del fiscal fue rebajada por delatar a CDC. Por su parte, Gemma Montull, que ocupó el cargo de directora del Palau, afronta una petición de tres años de prisión, una de ellas sustituible por una multa, lo que la podría llevar a esquivar el encarcelamiento. La hija de Montull fue la primera en llegar a un acuerdo con la Fiscalía para incriminar a CDC.
Por su parte, el ministerio público reclama cinco años de cárcel para los directivos de Ferrovial, Pedro Beuanventura y Juan Elizaga, mientras que el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, podría ser condenado a ocho años de cárcel. Presuntamente, su papel fue clave en el cobro de comisiones. Durante el juicio, los tres negaron la trama.
El ministerio público también reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio del Palau. Convergència, ahora reconvertido en el PDeCAT forzado por las circunstancias, tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial. El fiscal pide que el decomiso se aplique a dicha formación política "o a la que la haya sucedido".