Los lazos amarillos no solo se han convertido en el símbolo para pedir la “libertad de los presos políticos”, sino que también son un símbolo de disputa. El símbolo amarillo que viste algunas calles de Barcelona y otras localidades catalanas ha ocasionado varios rifirrafes entre partidarios de la excarcelación y los partidarios del unionismo español.
El debate ha llegado a los oídos de la fiscal general del Estado, María José Segarra, y ha tomado cartas sobre el asunto: según ella, “no hay delito alguno ni en quitar ni en poner” símbolos en la vía pública, porque es algo que “forma parte de la libertad de expresión”.
Mientras grupos de independentistas se reúnen para colocar lazos amarillos, las autodenominadas Brigadas de limpieza, conocidas como Grupos de Defensa y Resistencia, quedan para retirar los símbolos independentistas, ocasionando tensión si se produce un encontronazo entre las partes enfrentadas.
Por su parte, la policía catalana ha impulsado acciones legales contra los que “limpian” las ciudades de simbología independentista. El último caso hace referencia a un grupo de 14 personas identificadas en la localidad de Tarragona. Han multado a las personas que retiran los lazos amarillos alegando que podría tratarse de una infracción de la ley 4/2015 de seguridad ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que contempla multas entre 600 y 30.000 euros.
En este sentido, la fiscal ha querido recordar que no le toca a ella “responder sobre la aplicación" de esta legislación puesto que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas". Además ha insistido en que, por ahora, “no hay ningún procedimiento penal abierto”. Es por ello que ha sugerido que es “tan lícito publicitar una opinión ideológica como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado”.
Tensión en el Palau Robert por los lazos amarillos | METRÓPOLI ABIERTA
TENSIÓN POLÍTICA
El debate sobre los lazos amarillos ha calado en la política y cada uno de los grupos municipales en Barcelona ha tomado su posición. Mientras que Ciudadanos y PP defiende y exigen la retirada de los lazos, el partido de la alcaldesa, Ada Colau, Barcelona en Comú, sigue defendiendo la existencia y propagación de los lazos, tanto en las calles como en los edificios institucionales. Las situaciones que provoca el procés pasan por encima de las diferencias ideológicas y los posibles acuerdos se ven intoxicados por las banderas del independentismo o del constitucionalismo.