Los ajustes en el Plan General Metropolitano (PGM) para ajustar las cualificaciones que permitan terminar la Sagrada Família no convencen en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC). La entidad ha publicado sus alegaciones, en las que considera “insuficiente” los términos en los que el Ayuntamiento plantea la reordenación y lamenta que no se resuelven algunos puntos clave, como la continuidad del templo en la calle Mallorca, donde se prevé tanto el vuelo de la fachada del Pórtico de la Glòria como la escalinata principal de acceso.
La escalinata de la Sagrada Família, de la que no está clara la autoría, que podría pertenecer a Antoni Gaudí o a otros arquitectos posteriores, comportaría el derribo de dos manzanas del Eixample.
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
El COAC se sorprende de que “la modificación del PGM aprobada inicialmente no haga referencia -a las afectaciones en la calle Mallorca-, desaprovechando la oportunidad de resolver definitivamente la solución al tempo para esta parte de la ciudad”. Así se denuncia en el documento firmado por la Decana del Colegio, M. Assumpció Puig Hors y dirigido a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, que es el órgano que aprobó el proyecto.
La zona de la que habla el COAC comprende dos manzanas del Eixample, entre la calle Mallorca y Aragó, las cuales llevan más de 40 años en régimen de transitoriedad. Desde el Colegio de Arquitectos se ha solicitado al Ayuntamiento que se “resuelva ese régimen de transitoriedad”.
NUEVO PROYECTO
Dada la complejidad del proyecto, desde el COAC se pide al Ayuntamiento que se se abra un nuevo “procedimiento participado”, en el que se realice un amplio debate que tengan en cuenta la visión de todos los agentes afectados.
El proyecto se presentó tras dos años de negociaciones entre el Ayuntamiento y los responsables de la Sagrada Família. Las alegaciones del COAC se limitan a temas urbanísticos y hacen referencia a un tema, la ampliación por la calle Mallorca del templo, que preocupa a los vecinos, que ya se mostraron molestos con el proyecto tras el acuerdo al que se llegó el pasado octubre y han amenazado con denunciar al Consistorio.