El independentismo radical ya tiene nuevo enemigo en Barcelona: el juez titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, que, el pasado 30 de marzo, encarceló a una manifestante acusada de atentado a la autoridad. La manifestación estaba convocada por diversos colectivos independentistas que quisieron reventar el mitin que Vox había convocado en la avenida Maria Cristina de Barcelona para ese día. Un sólido cordón policial evitó que los radicales llegasen a la zona de la concentración de la ultraderecha. El puñado de manifestantes, sin embargo, provocaron destrozos en la vía pública y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad quemando contenedores, atravesando vallas y lanzado petardos, pintura, piedras, botellas y diversos objetos a los agentes.
La manifestante encarcelada, una joven de 20 años de edad de Hospitalet de Llobregat llamada Ruth fue la única que entró en prisión de entre ocho detenidos. Según el relato de los hechos, se enfrentó a los policías violentamente, por lo que fue acusada de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad con uso de instrumento peligroso. El relato policial explica que Ruth arrojó contra los policías botellas de vidrio, elementos metálicos y piedras de grandes dimensiones. Dos de estas piedras impactaron en el casco de un sargento de los Mossos. También rompió, al parecer, las lunes a un coche policial. El magistrado ordenó su ingreso en prisión por el “alto riesgo de fuga”.
FIANZA DE 6.000 EUROS
La joven tuvo primero un abogado de oficio, aunque luego fue la plataforma Alerta Solidaria quien se hizo cargo de su defensa. El pasado viernes, el juez dictaminó su libertad bajo fianza de 6.000 euros, para lo que se suscribió una colecta popular que cubrió esa cantidad. Este martes, fue puesta en libertad. Según Alerta Solidaria, lo único que hizo la joven fue “ejercer su derecho de manifestación”. Fuentes cercanas a la encarcelada aseguraron que no pertenece ningún colectivo independentista, que sólo “lucha por los derechos fundamentales y es una cabeza de turco para meter miedo al resto”.
El propio Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, le envió a la detenida una carta manuscrita (escrita durante una sesión del juicio en el Tribunal Supremo) en la que le decía: “Queridísima Rut: Tenemos el tiempo, todo el tiempo, y eso nos hace enormemente afortunados. Pienso en ti y te envío un abrazo infinito. ¡Recuerda respirar y adelante! ¡No pasarán!”.
La semilla del acoso, sin embargo, ya estaba sembrada: desde este martes, los foros de los radicales echan humo para atacar y desacreditar al magistrado, a quien recriminan que es “simpatizante de Sociedad Civil Catalana”. Siguiendo la línea marcada con los testigos de la acusación en el juicio del 1-O, el independentismo radical ha optado por el ataque contra el “enemigo”. En el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, los testigos tienen la opción de no aparecer en televisión mientras contestan a las preguntas. En aquella ocasión, no obstante, el ultraindependentismo publicó la filiación y la fotografía de la secretaria del juzgado de instrucción número 13 (que tuvo que abandonar la sede de la consejería de Economía de noche y por la azotea), en una intensa campaña mediática de acoso y amenazas a testigos (que no defendían las tesis independentistas) digna de la más deplorable crónica negra política. Tal fue el escándalo que Fiscalía decidió abrir una investigación sobre el asunto.
UN JURISTA CON FORMACIÓN MILITAR
Según los foros radicales, el magistrado Jaime Conejo ya fue denunciado por el portal larepublica.cat en diciembre del 2017 porque “hacía gala de su españolismo”. “Entre otras, el juez colgó mensajes o imágenes de su participación en actos del 12 de octubre. Además, también compartía artículos de Libertad Digital y Dolça Catalunya, dos digitales con una gran animadversión contra el independentismo.
También acusan al magistrado de formar parte de un grupo de Facebook llamado Catalanes que no quieren la independencia. Se da la coincidencia de que, en diciembre de 2017, según los medios radicales, Conejo sustituyó en el juzgado de instrucción número13 a Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez que comenzó a investigar el 1-O y que provocó los registros en las sedes de la Generalitat. Ramírez había cogido la baja por enfermedad en esa época.
El digital directa.cat desveló también que el juez fue “teniente auditor de la fiscalía jurídico militar de la cuarta región militar” en los años 80. Entonces, aseguraba este medio, “publicó vídeos en su perfil de celebraciones del Ejército español en el cuartel del Bruc y de una manifestación de SCC el 12 de octubre en la plaza de Cataluña, donde habría participado activamente. Finalmente, Conejo también subió a esta plataforma iconografía de los ultras del Málaga Club de Fútbol, Frente Bokerón, conocidos por su ideología neonazi”. Se trata, en resumen, de una campaña de desprestigio que haría las delicias de cualquier estudioso de las técnicas de propaganda masivas ensayadas y utilizadas con gran éxito desde hace casi un siglo.