El aumento de la inseguridad en Barcelona ha hecho aflorar un debate ciudadano en el que tienen tanta importancia el fondo como las formas. Los mensajes en las redes sociales desde distintos colectivos (de lo más diverso, política y socialmente), sobre el tema de la seguridad en la capital de Cataluña coinciden: hay alarma social.
El tema no interesa sólo a las plataformas vecinales, de comerciantes o colectivos integrados en la vida de los barrios. Su interés ha traspasado estos círculos y se ha generalizado entre la clase política y entidades barcelonesas de toda clase y condición. “El nivel de degradación de Barcelona en los cuatro años de Ada Colau es de récord Guiness”, retuiteaba este jueves el bloguero Francesc Abad, uno de los referentes de la posconvergencia. Abad reenviaba un tuit del exconvergente Roc Fernàndez. La plataforma On Vas Barcelona (Stop Colau) también se mostraba especialmente crítica. “4 años que han hecho lo que les ha rotado”, se quejaba sobre los manteros que han comenzado a ser desalojados. “Roban por todos los lados y con total impunidad. Barcelona está irreconocible y en caída libre y nadie asume ninguna responsabilidad. ¿Cuánto aguantaremos así?”, se lamentaba On Vas Barcelona.
La llegada de Albert Batlle como nuevo teniente de alcalde responsable de Seguridad ha supuesto ya un revulsivo. La primera gran operación para erradicar el top manta, uno de los puntos calientes de las políticas municipales de la última legislatura, ha sido un éxito. Por primera vez, se han visto ganas desde el Ayuntamiento para intentar solucionar problemas y conflictos.
UN DEBATE VIVO
Pero detrás de las nuevas políticas es preciso desplegar una estrategia concreta, muy medida y adaptada a las circunstancias de cada problemática. Cuando en el Gobierno tripartito la cartera de Interior fue a parar a manos de Joan Saura, un hombre proveniente de las filas de la izquierda psuquera, los verdes pusieron sobre la mesa la necesidad de asumir esas responsabilidades para enfocar el tema de una “seguridad de izquierdas”. Los puristas se llevaron las manos a la cabeza. “La seguridad no es de izquierdas ni de derechas. Es un derecho que tiene el ciudadano”, coinciden en señalar todos los expertos.
Ada Colau intentó aplicar las tesis de Saura a la seguridad en Barcelona. En el ideario de los comunes, Guardia Urbana era sinónimo de represión y los responsables de equipo municipal llegaron a los puestos clave de poder con la intención de desmantelar el cuerpo que vela por la seguridad de los ciudadanos. O, al menos, dejarlo bajo mínimos y despojados de algunas de sus funciones sobre seguridad ciudadana. El consistorio creó un monstruo. Y ahora se quiere aniquilar a ese monstruo llamado inseguridad.
Albert Batlle, en un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS
LA SEGURIDAD, UNA POLÍTICA SOCIAL
Según fuentes del grupo municipal del PSC-Units per Avançar, “afrontamos el reto con el convencimiento de que la seguridad es una política social y, por tanto, también es una política progresista en la medida en que quien más padece las consecuencias de una crisis como la que vivimos en Barcelona son los barrios y las familias más humildes. Los que tienen capacidad económica son también los que se pagan su seguridad”.
Con la inclusión de la seguridad en el concepto de “política social”, el nuevo equipo municipal sienta ya las bases de lo que será una estrategia más normalizada para que las fuerzas de seguridad recuperen el control de las calles.
Pero la estrategia no se queda ahí. “La segunda idea es que necesitamos recuperar la autoridad democrática municipal”, explican a Metrópoli Abierta las fuentes consultadas. El contraste con el posicionamiento del anterior gobierno de Barcelona es brutal. Se ha de pasar de criminalizar al agente de policía local a hacer que se respete su autoridad.
“HAREMOS CUMPLIR LAS NORMAS”
“En Barcelona, hay derechos y hay deberes. Haremos cumplir las normas como mejor herramienta para garantizar la convivencia y también como garante de la libertad”, aseguran desde el Ayuntamiento.
El tema, admiten, no será fácil ni cuestión de dos días. “Nos llevará tiempo, pero estamos determinados a trabajar a fondo para revertir la situación con todas las herramientas de que disponemos a nivel municipal, y con la máxima coordinación y exigencia con el resto de administraciones, en especial la Generalitat, para que destinen a la ciudad los recursos pertinentes”.
Esa coordinación no parece difícil. Albert Batlle es un dirigente que ya fue director general de los Mossos d’Esquadra y sus relaciones con los distintos cuerpos policiales son muy fluidas. Su trayectoria política, en la que ha estado además en contacto permanente con colectivos sociales y cívicos le han dado una experiencia en negociaciones que le servirán ahora para desencallar una situación que amenazaba con enquistarse y provocar serios problemas políticos y sociales.