Una nueva olea de de desahucios en Barcelona han puesto en alerta esta semana a las entidades vecinales y grupos antidesahucio de la capital catalana. El caso más paradigmático es el del desalojo de una familia de la calle del Carme de un inmueble que, para más inri, era propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda. El aviso lo daba este martes una plataforma ciudadana. “Urgente. Los Mossos intentan desahuciar a una familia en la calle d’en Roig 30 del Raval, esquina con calle del Carme. No han venido los servicios sociales y el piso es del IMH, del Ayuntamiento de Barcelona. ¡Necesitamos gente!”.
Era la tercera vez que se intentaba el desalojo de una familia inmigrante con un hijo de sólo 14 años de edad. Esta familia ocupó el inmueble público en enero de 2017 y en la mañana de este martes, la comitiva judicial se presentó de repente, sin técnicos municipales pero con la fuerza policial, para proceder al desahucio por las bravas.
Poco después, la familia era atendida por los servicios sociales del consistorio, que le facilitó el alojamiento en una pensión durante 4 días. De hecho, la familia había ofrecido al Instituto Municipal de la Vivienda pagar un alquiler social para poder seguir viviendo en el inmueble, pero el Ayuntamiento rechazó la proposición. El próximo viernes, la familia tendrá una nueva reunión con técnicos municipales que valorarán cómo evitar que se vean obligados a vivir en la calle.
UNA ALCALDESA INEFECTIVA
El hecho de la titularidad municipal de este inmueble y el hecho de la existencia de un menor entre los desalojados añade a este caso una gravedad extrema, máxime si tenemos en cuenta que la alcaldesa, Ada Colau, había sido, hasta hace cuatro años, la abanderada de las causas antidesahucios y había prometido arreglar la situación. En el caso del desalojo de la familia citada, tanto Stop Desnonaments como Acció Raval y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que había creado la propia Colau, intervinieron en otras dos ocasiones para evitar el desalojo. Pero el hecho de que Colau sea ahora la jefa suprema del consistorio no ayuda mucho a las familias a la hora de afrontar los graves problemas habitacionales.
A los pocos minutos de la anterior alerta, otra angustiosa llamada hacía referencia a otro desahucio, esta vez en la calle Vallhonrat, en el Poblesec. “La comitiva quiere ejecutar. Han llamado a la Brimo. Quieren desalojar al Francesco. ¡Necesitamos apoyo en la puerta ya!”, clamaba el Sindicat de Barri de este distrito. Era la segunda vez que intentaban echar del inmueble, al parecer propiedad de un fondo de inversión, a esta familia.
“¡VICTORIA!”
A pesar de la lluvia que castigaba Barcelona en esos momentos, el llamamiento surtió efecto, ya que aunque los Mossos d’Esquadra desplazaron a varias furgonetas, el desalojo se paró. “Victoria. ¡Desalojo detenido! ¡¡¡Los Mossos se retiran porque somos demasiada gente!!! Nada es imposible con un sindicato fuerte. Ganaremos”, se congratulaba poco después el Sindicat de Barri. Estaba prevista también el desahucio de Rude y su familia, en la calle Comte Borrell, pero no se llegó a materializar.
No son los únicos desalojos en la agenda municipal. El pasado 4 de septiembre, los colectivos antidesalojos consiguieron detener el desahucio de Juan y Livia, en la calle Travessera de Gràcia. Fue un intento, porque se prepara otro para el jueves día 12. Los colectivos han avisado a sus activistas que estén atentos para actuar en cuanto se tenga constancia de la ejecución material de la orden de desalojo , ya que no está confirmada la hora del mismo.
PROBLEMA EN SANT ANDREU
El mismo día, el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu enviaba una carta a Reale Seguros, ante cuyas puertas se concentraron los activistas, para frenar el desalojo de un edificio de la calle Llenguadoc. “Se trata de un bloque de 19 pisos, de los que más de la mitad están vacíos. Desde hace dos años y medio, tres de estos pisos están ocupados. En la actualidad, del resto de los pisos, cuatro tienen contrato de alquiler de renta antigua, tres están alquilados con pocos años de contrato por delante y nueve de ellos, vacíos y tapiados”.
Al iniciarse las ocupaciones, la compañía de seguros contrató personal de seguridad e interpuso demandas judiciales, que siguen su curso. Durante los últimos meses, sin embargo, denegaron la renovación de los alquileres que vencían y comunicaron al resto que pensaban realizar obras “que impedirán la habitabilidad del inmueble”. Últimamente, la compañía contrató a Desokupa para vaciar al edificio. El personal de ésta controla el acceso a la finca.
MÁS DESALOJOS PREVISTOS
La lista de afectados es más grande: el 5 de septiembre, los colectivos se movilizaron para evitar el desalojo de Michele y su hijo en la Avenida Meridiana (en los carteles que difundieron para convocar al acto, se incluyó en letras grandes el propietario del inmueble, un ciudadano particular con varios pisos en el edificio). El nuevo intento de desalojo se prevé también para este jueves 12 de septiembre. El Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l’Arpa ha convocado a los vecinos a concentrarse a patir de las nueve de la mañana ante la portería para evitar sorpresas. Y una familia, también con un menor, está amenazada en la calle Foradada. Se trata de Trini y su familia, un desalojo que lleva coleando meses.
Para el viernes, se espera otra movida en Sants, en la calle Portbou. Se trata de Willys y su familia, que sufrirán su primer desalojo. El Grup d’Habitatge de Sants ha lanzado una alerta para que los vecinos estén alerta a los mensajes, ya que no hay una hora fijada para el lanzamiento.