"No van a eliminar los coches más contaminantes, esa es la gran mentira". Así de contundente se muestra Monica Xufré, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias sobre la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Tras celebrarse una gran manifestación el pasado domingo en la capital catalana protagonizada por los propietarios de vehículos que perderán la libertad de circulación a partir del próximo año, todos aquellos que tengan que resignarse a desplazarse en transporte privado exclusivamente por la noche o los fines de semana continúan sin ser escuchados por ninguna administración.
POLARIZACIÓN
Xufré asegura que está nueva medida afecta a "los vecinos y trabajadores puros y duros", por lo que demanda medidas medioambientales "para todos". Por ello, remarca la polarización que conlleva esta medida ejemplificándolo en la ciudad de Barcelona: "La afectación de esta medida es del 6% en Sarrià-Sant Gervasi, mientras que supera el 38% en Sant Martí", afirma.
En esta línea trata el caso de un joven que vive en Via Favència y trabaja en un polígono industrial. Al finalizar su jornada a las 3 de la madrugada, "¿cómo vuelve a casa?", se cuestiona la portavoz.
LA T-VERDE, UN 'INSULTO'
Una de las medidas promovidas por el Área Metropolitana de Barcelona en caso de desguazar un vehículo considerado como "contaminante", es decir, turismos diésel anteriores a 2006 y gasolina previos al 2000, así como ciclomotores y motocicletas matriculados antes de junio de 2002 y julio de 2004 respectivamente, ha sido la de ofrecer un título de transporte de tres años de duración y sin límite de desplazamientos.
Desde la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, se considera que esta medida es "un insulto" que "no soluciona nada a un trabajador" dependiente de un vehículo en su día a día como podría ser, por ejemplo, un repartidor. En caso de tratarse de una familia, Xufré asegura que tampoco se trataría de una buena opción ya que la T-verde es un título de transporte unipersonal, por lo que tan solo habría un beneficiario.
Movilización a su paso por Gran Via de les Corts Catalanes / PARC
Por otra parte, la plataforma afirma que al tarjeta puede llevar al fraude, ya que hay casos de "jubilados que se la han regalado a los nietos para que vayan a la universidad gratis" desguazando vehículos antiguos a los cuales no les daban uso.
IGNORADOS POR EL AYUNTAMIENTO
Los miembros de la plataforma se sienten completamente ignorados por el Ayuntamiento. Tras intentar tratar la cuestión con el consistorio "desde septiembre de 2016", se han encontrado con que la administración "ha hecho oídos sordos".
Y no ha sido, precisamente, por no intentarlo. Los Afectados por las Restricciones Circulatorias han realizado escritos a alcaldía y concejales, entre otros responsables municipales, sin obtener respuesta. Por ello, Xufré afirma que "el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo bullying y un auténtico apartheid" mediante esta implantación de Zona de Bajas Emisiones.
CRITERIO CONTAMINANTE
Otra de las críticas que realiza la plataforma hacia esta nueva normativa es el criterio de calificación contaminante que se aplica a los vehículos. El colectivo discrepa de referenciar únicamente la antigüedad del vehículo y su tipo de combustión para tachar a un turismo de "contaminante", recordando que la "contaminación también depende de la cilindrada, o tipo de neumático", entre otros aspectos que producen "contaminación con partículas finas", lo que es altamente perjudicial para la salud.
Crítica al sistema de etiquetado contaminante en la manifestación del pasado sábado / PARC
En esta línea, Xufré critica los vehículos de gran potencia y alto coste que contarán con acceso libre a la capital catalana y su Área Metropolitana al disponer del distintivo expedido por la DGT, asegurando que "contaminan más" que otros utilitarios de turismos más antiguos que sufrirán las restricciones.
REIVINDICACIONES
Entre las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, se encuentra la mejora del transporte público, que debería ser "modélico y barato como en Roma, donde el abono mensual es de 35 euros". Además, apuestan por implementar medidas medioambientales "para todos" y poder adaptar los vehículos "para que sean menos contaminantes" como se está haciendo en otros países de Europa.
De cara al futuro prevén llevar a cabo nuevas movilizaciones pero, eso sí, "sin afectar al ciudadano de a pie" y con el objetivo de que el consistorio les "reciba y escuche", evitando así la implementación de una medida que afecta, especialmente, a aquellos que cuentan con rentas más bajas y a muchos trabajadores que no disponen de recursos económicos para renovar su flota.
Con todo, miles de vecinos de Barcelona y municipios de cercanías se verán afectado por una medida que, lejos de haber sido consensuada con todos los actores implicados, se ha llevado a cabo de manera directa y sin pensar en los costes que ésta puede llegar a suponer.