Los empresarios de Cataluña rechazan la inestabilidad y el bloqueo político que se vive en Barcelona y diversos puntos de Cataluña. El conjunto ha logrado pactar un decálogo llamado A favor del progreso de Cataluña, en el que han unido a la inmensa mayoría de los agentes económicos del territorio.
El texto ha sido aprobado por los máximos representantes de Fira de Barcelona, del Puerto de Barcelona, del Círculo de Economía, e incluso de la Cámara de Comercio de Barcelona, que es abiertamente independentista. El decálogo ha sido representado por Joan Canadell, presidente de la Cambra y por uno de los vicepresidentes que hasta ahora estaba en las filas de Pimec, Pere Barrios.
POR EL BENEFICIO CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
A la reunión han hecho acto de presencia ejecutivos y empresarios de Seat, la Fundación Bancaria La Caixa, Colonial, Comsa, Godó, Hotusa, Ficosa, Agbar, Cellnex y más compañías importantes.
El decálogo reza que sus representantes muestran opiniones distintas y piensan de una manera muy diferente, pero que tienen la capacidad de "aparcar los puntos de divergencia en pro del beneficio del conjunto de la sociedad". Por lo tanto, rechazan de manera "frontal la violencia que se ha vivido en las calles, así como la demanda de que la clase política asuma sus responsabilidades y se siente a buscar algún tipo de pacto".
PIDEN DIÁLOGO Y VALENTÍA
El presidente de Pimec, Josep González, ha valorado también la importancia de "preservar la economía y los empleos", por lo que ha pedido "diálogo y valentía". El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha preferido lanzar un mensaje directo al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Este le ha tendido la mano para "recuperar “recuperar la reputación de la ciudad y el país, la seguridad y la movilidad en nuestras ciudades e infraestructuras, ya que no pueden ser tomadas de forma continua por manifestaciones de diferente signo que perjudican la economía productiva”.
La patronal asegura que la unidad junto a Pimec muestra que todavía se está a tiempo de "recuperar la normalidad y la legalidad y seguridad jurídica" que necesitan las empresas para garantizar el crecimiento del futuro de la economía catalana.
El conjunto de empresarios ha dejado claro que la situación que se ha producido tras la sentencia del Tribunal Supremo ha puesto en peligro la expansión de la economía catalana, y que por lo tanto exigen estabilidad y que la clase política pase a la acción.