El PSC forzó el desalojo de la acampada de Universitat

El PSC forzó el desalojo de la acampada de estudiantes en la plaza Universidad este miércoles a la 1 de la madrugada en contra del parecer de una parte del equipo municipal. Hasta ahora la alcaldesa, Ada Colau, se había negado a permitir que la Guardia Urbana interviniese en el asunto y, de hecho, quienes realizaron identificaciones este lunes en la plaza fueron los Mossos d’Esquadra.

La perduración de la acampada generó tensión en el equipo de Colau. Las quejas de las asociaciones de comerciantes y la exigencia de que se tomasen cartas en el asunto fue considerada por los socialistas y uno de los partidarios de acabar con la situación fue, según confirmaron fuentes internas del Ayuntamiento, el concejal responsable de la Seguridad, Albert Batlle. “No era sólo el problema para los vecinos y para la circulación, al estar cortada la Gran Via. También estaban los problemas que afectaban al comercio y los malos olores en la zona, que ya se habían convertido en demasiado agudos estos días”, subrayan las fuentes.

“Colau quería evitar por todos los medios una fotografía de la Guardia Urbana desalojando, pero ahora se enfrentaba a una posible denuncia judicial por no actuar”, apuntan fuentes de la oposición del Ayuntamiento. Tanto fue así que el 17 de octubre, un mando de la Policía Local envió un correo, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, a las unidades territoriales en el que exponía que “los agentes y mandos adopten las medidas de seguridad personales idóneas, haciendo uso de los elementos de protección personal, no exponiéndose más de lo estrictamente necesario y haciendo los cortes de tráfico a una distancia prudencial”.

“NOS LIMITAREMOS A INFORMAR”

Además, pedía localizar y pedir la retirada “de contenedores con materiales procedentes de obras o con cualquier otro elemento que pueda ser lanzado o utilizado como elemento contundente”. Ordenaba, asimismo, “ante la incertidumbre sobre la duración de las movilizaciones, hacer repostar los vehículos antes de finalizar cada turno de trabajo”. Y recordaba, por último, que “la Guardia Urbana no participa en este dispositivo en funciones de orden público, de forma que nos limitaremos a informar mediante la SCC de todo lo que consideremos que merezca la intervención de estos equipos”.

Los responsables de la acampada sabían el martes por la tarde que el desalojo era cuestión de horas. Los socialistas, más sensibles que Colau a las reclamaciones de ciudadanos y del comercio, ya habían dado un ultimátum acabar con el campamento y los cortes de tráfico en la zona, máxime en una época en que el comercio puede sacar mejor rendimiento. “Hay que recordar que para ocupar un espacio público se necesita un permiso municipal y ese permiso nunca fue solicitado para la plaza Universitat, por lo que técnicamente la acampada era ilegal”, explica a este diario una fuente de la oposición.

LAS DIRECTRICES DESOBEDECIDAS

Héctor Carmona, jefe de la Unidad de Protección Civil, que depende del área de Seguridad y Prevención, también emitió las directrices a seguir el pasado 29 de octubre, por orden de la gerente de Seguridad, Maite Casado. “Con carácter general, los horarios de las actividades se ajustarán de manera que su finalización no se alargue más allá de las 20 horas y, en cualquier caso, a las 21 horas se habrá de retirar todo el material (carpas, escenarios, equipos…) de la vía pública”, decía el primer punto de estas directrices.

Las órdenes eran tajantes y precisas. “En la zona de concentración y expansión de alborotos en torno al Paseo de Gràcia y Paseo Sant Joan y zonas próximas en el centro de la ciudad, será preciso que la retirada de elementos haya acabado a las 20 horas”, decía otro punto. Además de prohibir la celebración de “castillos de fuegos” durante estos días y de no permitir correfocs (excepto los que están muy acotados y lejos de la zona de alborotos), el Ayuntamiento ordenaba “evitar la presencia en la calle de vallas y otros elementos susceptibles de ser movidos o utilizados con otros fines no festivos. Todas las solicitudes de vallas serán aportadas al Cecopal para su estudio y aprobación. Las que no sean necesarias para ningún fin o protección, habrán de ser retiradas”.

UNA ACCIÓN DE 20 MINUTOS

De ahí que se previese que “en actos dinámicos como carreras o similares, se sustituirá el uso de vallas por otros elementos delimitadores, como cinta de balizamiento”. Por último, señalaba la circular que “es preciso gestionar la retirada de sacos y contenedores de escombros de la zona de expansión de alborotos para evitar que puedan ser utilizados en disturbios”.

Ante el evidente incumplimiento de las directrices municipales durante prácticamente tres semanas, los responsables políticos del consistorio no tuvieron más remedio que enviar a la UREP, es decir, a los antidisturbios de la Urbana, a la que ayudaron unidades de los Mossos. El desalojo fue milimetrado: en 20 minutos (y tras dos detenciones), la zona quedó despejada. Acto seguido, parte de los desalojados se dirigieron a la plaza de Cataluña a celebrar una asamblea para discutir su estrategia de futuro.