El 14,6 % de los abogados del turno de oficio de Barcelona han realizado la primera asistencia a víctimas de violencia machista en sede policial en lo que va de año. Esto implica un leve incremento respecto al 13,2 % de 2018 pero representa todavía una "cifra muy baja" para este tipo de casos.
Así lo ha señalado la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Carmen Valenzuela, durante un acto junto a la decana de la institución, Maria Eugènia Gay. En este evento, Valenzuela ha exigido que se garantice la intervención letrada "desde el primer momento y antes de interponer la denuncia".
LIGERO AUMENTO DE DISTINTOS PARÁMETROS
Según datos aportados por este ente, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista que han sido atendidas por un abogado en comisaría en la capital catalana entre enero y octubre es del 19 %, un porcentaje ligeramente superior al del conjunto de las actuaciones del ICAB.
Asimismo, un total de 3.544 abogados de oficio han sido designados a víctimas de violencia machista. Esto supone un 4,8 % más que en el mismo período del año pasado, cuando hubo 3.381 designas. Entre 2014 y 2018, las asignaciones de letrados de oficio a mujeres que han sufrido violencia de género aumentaron un 16,9 %.
En cuanto a las designaciones para investigados o detenidos por violencia machista, el ICAB ha asignado un total de 6.032 letrados entre enero y octubre, una cifra un 2 % superior al año pasado, cuando se realizaron 5.909 designas.
ATENCIÓN LEGAL DESDE EL PRIMER MOMENTO
Por otro lado, y de acuerdo con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el 40,5 % de los procedimientos judiciales abiertos han finalizado en sobreseimiento provisional o libre. Esta cifra es un 6 % menor que el año anterior.
Gay ha querido resaltar la importancia de que la abogacía cuente con formación especializada en perspectiva de género y que las mujeres sean asistidas por abogados "desde el momento previo a la interposición de la denuncia”. Una condición indispensable, según la decana de la ICAB, para que la víctima "tenga conocimiento de todas las medidas de protección que le corresponden y todos sus derechos".