Los acampados de la plaza Universitat deberán pagar al Ayuntamiento 194,52 euros si quieren recuperar sus pertenencias y documentos incautados por la Guardia Urbana tras el desalojo del pasado 20 de noviembre. Estos objetos y documentos están en el depósito municipal y su recuperación exige el desembolso de las tasas correspondientes. Esta circunstancia ha encendido los ánimos de los activistas, que denuncian un cúmulo de irregularidades en el desalojo.
Los exacampados, que esta semana acordaron realizar cortes diarios en la Gran Via como nuevo método de protesta, denuncian que la Guardia Urbana aplicó la Ley Mordaza (o sea, la ley 4/2015) y recuerdan que el artículo 18.2 del capítulo 3 de esta norma dice textualmente que “los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de objetos personales con objetivo de prevenir la comisión de cualquier delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o bienes”. Denuncian, asimismo, que los urbanos se negaron a efectuar un “informe de Acopio; se llevaron y destrozaron todo el material sin un previo registro de éste”.
Fieles a la estrategia independentista cuando se hace referencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los desalojados acusan a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de mentir, ya que ésta había dicho que la mediación había fracasado. Para los activistas, “jamás existió ninguna mediación, a pesar de nuestra voluntad”. Y, al mismo tiempo, tiran con bala contra los urbanos: “Denunciamos la presencia del procedimiento de la antigua fuerza de seguridad USP, redefinida con el nombre de UREP, que sigue ejerciendo el mismo protocolo de acción que técnicamente había sido suspendido por Ada Colau”. También denuncian que los agentes se negaron a identificarse y el “abuso de poder, brutalidad y desproporcionalidad de la Guardia Urbana”, así como “actuaciones homófobas, racistas y machistas ejercidas por los agentes policiales”.
GUERRA ENTRE COLEGAS
Paralelamente, el desalojo provocó un duro enfrentamiento entre sectores independentistas, lo que no deja de ser una batalla entre colegas. Si unos días antes ya hubo fricciones cuando las juventudes de ERC y los representantes de Arran se llevaron las cajas de resistencia con 30.000 euros, al día siguiente del desalojo, los sanitarios que atendían a los acampados, articulados en el colectivo Streets Medics Barcelona, denunciaban “la complicidad de Sanitaris per la República (SxR) y medios de comunicación con el operativo policial, encubriendo el desalojo”.
Esta acusación es rebatida contundentemente por este colectivo, que pende de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). “Desde Street Medics se dice que fuimos avisados del desalojo de la plaza de Universitat. Uno de nuestros afiliados vive cerca de la acampada y al ver un importante movimiento policial avisó a coordinación. Un minuto más tarde, la acampada hacía pública la alerta de desalojo por las redes. Otros sanitarios por la República salimos de nuestras camas para atender a posibles heridos, pero no pudimos cruzar los cordones policiales”, contestan desde SxR al otro colectivo indepe.
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
Los Sanitaris acusan a sus rivales de iniciar una campaña de desprestigio hacia su líder, Màrius Pallarès, de quien se llegó a comentar que no es enfermero y, por tanto, no está colegiado en el colegio oficial correspondiente. Este extremo ha sido desmentido con una fotografía de la placa oficial del colegio donde consta su nombre. Además, acusan que el pasado 18 de octubre “hubo un intento de robo y un robo de nuestras uniformidades en un hotel de la plaza Urquinaona, hechos denunciados a los Mossos d’Esquadra, que lo están investigando. Una de las equipaciones fue recuperada posteriormente por uno de nuestros coordinadores territoriales cuando estaba en posesión de un miembro de Street Mèdics”, aseguran desde Sanitaris per la República.
Además, afirman que “se está difundiendo por parte de Streets Mèdics que el presidente de SxR está a sueldo dentro de la asociación. Desmentimos categóricamente que haya cualquier sanitario a sueldo dentro de la asociación”. Y, por si fuera poco, acusan a sus oponentes de difundir “que uno de nuestros SxR es mosso d’Esquadra, lo que desmentimos, ya que este miembro lleva ejerciendo como taxista adaptado hace muchos años”.
El origen de esta guerra a muerte entre las dos facciones independentistas de sanidad hay que buscarlas, al parecer, en el hecho de que uno de los miembros de Street Medics, “llamado J.M., fue apartado de los dispositivos de Sanitaris per la República por sus reiteradas muestras de indisciplina tanto dentro como fuera de los dispositivos, poniendo en riesgo a todo el colectivo y a la asociación”.
Street Medics Catalunya (el paraguas bajo el que se cobija Street Mèdics BCN), por su parte, es un colectivo que ya tiene “una plantilla de 18 personas y un equipo de rescate, un Patrol de emergencias, socorristas, enfermeras, psicólogos y equipo completo de primeros auxilios”.