Los discapacitados gastan hasta 41.000 euros más que el resto de barceloneses

Tener diversidad funcional sale demasiado caro en Barcelona. Las personas con discapacidad gastan entre 17.700 y 41.200 euros anuales más que el resto de residentes en la capital catalana. Esta cantidad puede incrementarse de forma considerable en función de la necesidad de apoyo de cada persona y de la edad, ya que, por ejemplo, las personas mayores de 65 años deben gastar 4.000 euros anuales más que la población joven.

Se trata de una injusta realidad que recoge el informe 'Agravio económico de las personas con discapacidad de la ciudad de Barcelona', impulsado por el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) y el Comitè Català de Representats de Persones amb Discapacitat (COCARMI). También ha sido elaborado por la Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF), con consultas a expertos de entidades como la Federación ECOM y la ONCE, entre otras.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Este estudio ha sido realizado con datos del 2017 y presentado este martes en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Para cuantificar el agravio económico se han tenido en cuenta los costes directos de todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades concretas de cada persona, así como los costes indirectos sobre qué representa en valores económicos la pérdida de oportunidades del individuo y su entorno.

Se han analizado aspectos como el laboral o el tiempo y la calidad de vida del entorno de la persona con discapacidad, los ingresos según las deducciones, prestaciones y ayudas, y se han tenido en cuenta hasta 13 perfiles diferentes de discapacidad.

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Los resultados de este estudio hablas por si solos. Es por eso que constatan la necesidad de que se articulen políticas públicas efectivas para contrarrestar esta situación y evitar que sea una causa de exclusión social. Es importante recordar que solo el 21% de las 137.824 personas con una discapacidad reconocida en Barcelona dispone del reconocimiento que contempla la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD).

La concejal de Infancia, Juventud y Ancianos de Barcelona y presidenta del IMPD, Marga Marí-Klose, ha asegurado que, con los resultados del informe, el consistorio se siente interpelado a actuar para impulsar políticas públicas que puedan reducir este agravio.