El Govern ha aprobado este lunes en el Consell Executiu un nuevo decreto ley de vivienda. La directriz establece que los grandes tenedores, que tengan más de 15 inmuebles, deberán ofrecer un alquiler social con una duración de hasta siete años para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y, además, se les acabe el contrato de alquiler o estén afectadas por desahucios, entre otros.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha explicado que la ley también establece medidas para aumentar el número de viviendas protegidas en el régimen de alquiler y moderar los precios en viviendas privadas. En el primer objetivo también figura la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años. Se establecerá una duración u otra en función de si es propiedad de una persona física o jurídica.
REDUCIR DESAHUCIOS
Una notable parte de estas directrices pretenden reducir y prevenir los desalojos judiciales. La ley también cuenta con facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para aumentar la oferta. Un modo de atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento.
Además, se implementarán medidas que consideren como desocupados los edificios con obras no finalizadas. Así se podrán movilizar para producir más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.
APOYO PSC Y COMUNES
El intento de frenar las subidas de alquiler con un índice oficial de referencia, será otro de los aspectos de este nuevo decreto que será aprobado en un mes en el Parlament con el apoyo del PSC y los comunes.
Por su parte, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha celebrado el nuevo decreto, que llega tras negociaciones muy intensas entre el consistorio y el Govern, según dice. Para ella supone "un cambio de 180 grados" en relación al anterior.