El Ayuntamiento de Barcelona acaba de adjudicar un contrato de más de 152.000 euros a la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), para “la gestión del servicio de atención y asesoramiento técnico-jurídico en la Oficina para la No Discriminación (OND) del consistorio, con el objeto de garantizar el acceso a derechos a las personas que padecen situaciones de discriminación y/o vulneración de derechos, así como al personal de la OND y de la Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad en aquellos aspectos jurídicos que sean necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones”.
Se da la circunstancia de que ninguna otra empresa, asociación o despacho profesional se presentó al concurso, por lo que fue adjudicado directamente a esta asociación. Por si fuera poco, existe la posibilidad de prorrogar por dos años más el contrato, por lo que el monto total del mismo superaría los 300.000 euros.
Uno de sus cometidos será la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios considerados “estratégicos”. Según el propio consistorio, el “litigio estratégico” es “la judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con el objetivo de avanzar en la implementación de soluciones”.
EXPULSADOS DE LA AUDIENCIA
Ejemplos de estos litigios son la querella contra la aviación alemana por haber bombardeado la ciudad de Barcelona durante la Guerra Civil española o la personación en un sumario argentino que investiga los crímenes franquistas. El Ayuntamiento incluso presentó una querella contra jueces franquistas que aplicaron la Ley de Vagos y Maleantes, que fue archivada hace un año y por la que el consistorio perdió más de 33.000 euros de provisión de fondos.
En 2017, el entonces concejal Jaume Asens, presentó también una querella contra Carlos Rey, el juez que condenó a muerte a Salvador Puig Antich, que ni siquiera fue admitida a trámite. El consistorio perdió más de 32.000 euros en este encargo. Se trata, en opinión de algunos letrados, de causas perdidas, que es imposible ganar pero que por su simbolismo se realizan para transmitir una determinada imagen hacia el electorado. Ni que decir tiene que la diversidad de pleitos permite también quedar bien con determinados despachos profesionales.
DENUNCIAS CONTRA POLICÍAS DEL 1-O
Esta entidad fue una de las que contrató el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar a los policías que participaron en los dispositivos del 1 de octubre de 2017, durante la celebración del referéndum. Fueron contratados siete letrados de la ACDDH que lograron que la Audiencia de Barcelona reabriesen 14 piezas que habían sido archivadas en los juzgados.
En diciembre pasado, la Audiencia expulsó al Ayuntamiento de la causa como acusación popular por no disponer de una habilitación expresa (ha de estar amparada por una ley) para el ejercicio de la acción penal y resaltó que para la defensa de los intereses públicos y generales ya existe la figura del fiscal. Tanto la abogacía del Estado como la Fiscalía apoyaron las tesis de la Audiencia, que considera que no estaba justificada la presencia del consistorio barcelonés en la causa.
Según recoge en su página web, esta entidad fue una de las seis impulsoras de International Trial Watch (ITW), la plataforma que vigiló y gestionó la presencia de “observadores internacionales” en el juicio del 1-O y que luego emitió un informe muy crítico con el mismo.
TRES HORAS AL DÍA
A pesar de lo abultado del contrato, los abogados de la ACDDH sólo prestarán un servicio de 15 horas semanales (tres horas al día), más otras 8 horas que serán no presenciales, dedicadas a “la elaboración de informes mensuales, coordinación de criterios del equipo jurídico, estudio de casos, elaboración de notas jurídicas, etcétera”. El objetivo es garantizar 1.196 horas anuales.
Según la ficha que el Ayuntamiento tiene de la ACDDH, trata de “derechos humanos en general, dando tratamiento prioritario a los derechos de las personas más débiles desde el punto de vista socioeconómico y los derechos colectivos de las naciones oprimidas”.
El mismo documento señala que esta entidad “no cuenta con ningún servicio directo de atención personal a la ciudadanía ni se hace cargo de la defensa individual de las personas ante los tribunales, sino que ampara los siguientes canales: medios de comunicación social, promoción de campañas, actos públicos, elaboración de propuestas y sugerencias de modificaciones de la legislación vigente dirigidos a los poderes públicos y a la opinión, y la adopción de todas aquellas medidas pertinentes en defensa de la efectividad de los derechos humanos, incluida la utilización de la acción penal popular”.
El consistorio reconoce, si enmbargo, que “en determinados casos sí asesora directamente a la ciudadanía en materia de vulneraciones de derechos y discriminación”. Sin embargo, resalta que no cuenta “con ningún local abierto al público”.