La Fiscalía pide cinco años de prisión para el exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, a quien acusa de hacer un presunto contrato falso al exalcalde de Cervelló (Barcelona) del mismo partido Jesús Arévalo para trabajar "ficticiamente" en la sociedad municipal Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano. La Fiscalía relata que Barcelona Regional contrató a Arévalo desde el 9 de enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2015, cuando ejercía como alcalde de Cervelló y coincidiendo con las elecciones municipales en las que BComú llegó al consistorio con un sueldo de 34.000 euros anuales y a jornada completa.
Al llegar a la Alcaldía, Arévalo pasó a cobrar un salario más bajo al que tenía en su trabajo anterior como arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y la Fiscalía considera que por ese motivo pidió a su partido que la administración le contratara para "completar su remuneración anual". El Ministerio Público acusa a Vives de decidir, de común acuerdo con el director general de Barcelona Regional, Guillermo Muller, "contratarlo ficticiamente" en la entidad.
PERJUICIO ECONÓMICO PARA LOS INTERESES PÚBLICOS
La Fiscalía considera que lo hicieron "con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos". Arévalo no participó en ningún proyecto de Barcelona Regional durante el tiempo en que figuró de alta como trabajador de la entidad, y considera que "los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad".
Lo hicieron con el objetivo de "obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos" a favor de Arévalo, quien recibió en total 155.067,59 euros: 39.959,49 en 2012, 44.914,18 en 2013, 45.061,35 en 2014 y 25.132,57 en 2015.
JUICIO EN JUNIO
El juicio está señalado para los días 10 y 11 de junio en la Audiencia de Barcelona, y los tres acusados se enfrentan a cinco años de prisión por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en concurso con los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía considera a los tres acusados autores de los hechos en distintas modalidades: a Vives como autor por inducción, a Muller como autor directo y a Arévalo como autor por cooperación necesaria.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público pide una multa de 60.000 euros cada uno y una indemnización conjunta a Barcelona Regional de 155.067,59 euros (la cantidad total que cobró Arévalo), lo que equivale a 51.689,17 euros para cada uno.