El Ayuntamiento de Barcelona retiró el pasado 7 de mayo un lote de mascarillas posiblemente defectuosas que había distribuido entre los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) pidió explicaciones al departamento de Riesgos Laborales que, en un primer momento, avaló la eficacia de las mascarillas. Días más tarde, el mismo consistorio retiraba las mascarillas y, ahora, el equipo de Ada Colau se plantea denunciar a la empresa que las comercializó.
El modelo de mascarilla en cuestión es la KN95, certificada bajo normativa EN149:2001+ A1:2009 y cuyo etiquetaje indica que se trata de una FFP3, una de las protecciones homologadas y que evitan la propagación del virus. Ante la "confusión" por las dudas surgidas entre los urbanos por su eficacia, alimentadas sobretodo después de detectar que algunas mascarillas se rompían con facilidad, CSIF pidió al consistorio que confirmara la autenticidad del material.
RETIRADA 'CAUTELAR'
En una primera respuesta, Riesgos Laborales del Ayuntamiento señaló que la mascarilla tenía una eficacia intermedia, esto es, entre una FFP2 y una FFP3, por lo que las protecciones eran válidas y cumplían con la normativa que rige el decreto del estado de alarma. Avisaba sobre la importancia de que llevara marcado el distintivo CE, que también llevaban. Este mismo martes, 12 de mayo, el consistorio informaba a CSIF que el día 7 retiró el material de manera "cautelar" y las sustituyó por otras.
Un agente contempla las vistas de Barcelona que ofrece el MNAC / GUARDIA URBANA
Desde CSIF, su portavoz Eugenio Zambrano ve "inadmisible" que el Ayuntamiento no acreditara la eficacia de las tapabocas mediante "fichas técnicas" que acrediten su función. El sindicato de funcionarios avisa que denunciará al equipo de Colau a Inspección de Trabajo por "engañar" y "poner en riesgo la salud de sus trabajadores". Para el sindicato, la retirada del material obedece a que las mascarillas no reúnen con los criterios exigibles de garantía marcados por la Comunidad Europea.
ANÁLISIS EN UN LABORATORIO
La empresa que vendió las mascarillas envió el material a la asociación de investigación de la industria textil (AITEX) para analizar si son válidas. Fuentes del Ayuntamiento niegan que las mascarillas sean defectuosas y reconocen que se retiraron todas ellas porque tenían "un poco menos de protección" de la que decía la etiqueta. "El Ayuntamiento ha enviado las mascarillas a un laboratorio para ver exactamente qué protección tienen y, a partir de aquí, se decidirá que actuación se seguirá", apuntan desde la plaza Sant Jaume.
CSIF, que ya denunció el 8 de mayo a la alcaldesa ante la Fiscalía por su gestión en la crisis del coronavirus, avanza a este medio que ampliará esta denuncia penal por el caso de estas mascarillas supuestamente defectuosas. El sindicato de funcionarios de la urbana quiere saber si la retirada del material obedeció a que no son fiables o bien para realizar pruebas sobre su eficacia a pesar de tener grabada la marca CE.
MIEDO Y TEMOR
Los trabajadores también reclaman saber qué otras mascarillas se han retirado y la cantidad de posibles protecciones defectuosas que se repartieron en el cuerpo y se usaron. El Ayuntamiento asegura que desde que supieron que las mascarillas no tenían el nivel de protección que señalaba la etiqueta hasta la retirada apenas pasaron dos horas. CSIF denuncia que ningún sindicato con representación en la urbana fue informado.
El sindicato de funcionarios asegura que la retirada de las mascarillas ha generado "malestar y temor" por la posibilidad de que se esté suministrando Equipos de Protección Individual que no protejan a los policías de la exposición del Covid-19. Por último, CSIF reclama que el Ayuntamiento les entregue el "informe de eficacia" de estas protecciones.