Juan (nombre falso) es cura y se ha pasado los últimos cinco años de su vida de misión en misión en Latinoamérica. Este misionero católico sufre una disfunción hepática grave. Empezó el tratamiento en México, pero ahora, en Barcelona, es víctima de la burocracia municipal que supone una barrera que le impide seguir con las garantías suficientes una cura que le ofrece el Hospital Clínic. Para recibir el seguimiento completo de este tratamiento especial necesita la tarjeta sanitaria, que a su vez requiere empadronarse, una gestión que el consistorio, de momento, no le permite.
Abraham Leal, un amigo barcelonés, lo acoge estos días en su piso de l'Eixample. Llegó a España antes de que estallara la pandemia, procedente de México, con el objetivo de gestionar el visado norteamericano en la embajada antes de dirigirse a una parroquia de Estados Unidos, su nuevo destino. El Covid-19 cerró la embajada y aplazó su cita, por el momento, hasta el próximo 21 de noviembre.
SEGUIMIENTO CON UN MÉDICO DE CABECERA
Juan, que prefiere mantener el anonimato, acudió al Clínic. El hospital le propuso empezar un tratamiento especial, incluso con un posible mejor resultado de la medicación que ya tomaba. Pero la sanidad pública le pide una pequeña condición: estar empadronado. Un trámite a priori sencillo que el Ayuntamiento de Barcelona no le facilita. Tampoco con un documento del hospital que señala la urgencia de acceder al tratamiento.
La Seguridad Social no le niega el tratamiento, que podría alargar su vida y que resulta menos agresivo para su cuerpo que las pastillas actuales, pero el centro sanitario sí incide que el padrón es necesario para realizar correctamente el seguimiento del proceso y las pruebas necesarias a través de un médico de cabecera.
"Me siento desamparado en mi propia casa, en mi tierra", se queja el religioso de 43 años. Durante 20 días intentó realizar sin éxito el trámite por correo electrónico. El consistorio le respondió que necesita un contrato de alquiler que no tiene, ya que está siendo acogido por su amigo. La otra solución, una carta firmada por los propietarios del piso de Leal, tampoco es viable por la mala relación entre ambas partes y el acoso inmobiliario sufrido por su anfitrión para que abandone el domicilio.
TRATO "VEJANTE"
Este miércoles, Juan y Leal acudieron a la Oficina d' Atenció Ciutadana (OAC) de la plaza Sant Miquel, detrás de la plaza Sant Jaume. Pero su gestión en persona, con el número de expeidente 1-2020-0157349-1, tampoco dio resultado y recibieron un "no" por respuesta. "El director de la oficina nos dijo que deben tratar a todas las personas por igual, que es el protocolo", explica Leal. Los funcionarios municipales le dijeron que pusiera una instancia y que tardarían unos tres meses en responderle.
"La situación fue vejante. Tuvieron un trato muy poco humano", denuncia el pastor que cualifica el trato recibido de "muy frío". "Entiendo la burocracia, pero hay que humanizar la burocracia. No somos un numero, somos personas y trayectorias personales con sentimientos", comenta un hombre ligado al activismo social desde Cáritas en Barcelona y otras entidades en Cataluña y el resto de España. "Después de esto no tengo ganas de quedarme en España", lamenta.
URGENCIA
Juan no entiende que Leal pudiera empadronarse en su día con un contrato de piso verbal y él, con su situación médica de urgencia, no pueda hacerlo. "¿Cuál es el criterio de urgencia y necesidad?", se pregunta. Cuente este sacerdote que él "viene de vuelta", que ha vivido en zonas con muchos menos derechos que en España. Sin embargo, su entorno más cercano, le anima a denunciar su situación a los medios de comunicación. "Están indignados, escandalizados", dice.
Tras pasar por orfanatos y cuidar de mujeres en riesgo de exclusión social, el religioso no entiende la dificultad burocrática que impide realizar una gestión como el padrón. Juan seguirá esperando.