Los bares y restaurantes cerrarán este viernes a la 1:00

El Govern aplicará la noche de este jueves a viernes el cierre de bares y restaurantes para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus. El Ejecutivo catalán ha anunciado que publicará sobre la 1.00 de la madrugada la resolución con las nuevas restricciones en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) para que entren en vigor "de manera inmediata". Sin embargo, el Govern no podrá decretar el cierre de la hostelería a partir de las 23:00 horas, tal y como tenía previsto. 

Los bares y restaurantes cerrarán esta noche --de jueves a viernes-- a su horario habitual, a la 1:00 de la madrugada. Se trata del mismo horario restringido con el que llevan operando desde hace meses. Será este viernes por la mañana cuando la restauración se verá obligada a bajar la persiana si los planes de la Generalitat siguen adelante según lo previsto. 

EL GOVERN NO ESPERA AL TSJC

Y es que el Govern cree que el cerrojazo de bares y restaurantes no debe ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por ello, publicará las restricciones que afectan a la restauración sin que antes se haya pronunciado el tribunal. 

La Sala Contenciosa, por su parte, no contestará este jueves a las aclaraciones del Govern sobre la resolución, y "previsiblemente lo hará mañana", ha informado el TSJC. La Generalitat confía en que el tribunal no tumbe el cierre de la hostelería porque no suponen una restricción de los derechos fundamentales.

En cambio, el Ejecutivo catalán dejará en suspenso aquellas restricciones que afectan a derechos fundamentales: la prohibición de reuniones de más de seis personas, la suspensión de clases presenciales en universidades, y la limitación del aforo en actividades de culto.

APOYO DE LA FISCALÍA

El Govern cuenta con el apoyo de la Fiscalía Superior de Cataluña. Ésta, tras ser consultada por el TSJC sobre las restricciones anunciadas por la Generalitat, ha emitido un informe en el que no pone objeciones a las nuevas prohibiciones.

La Fiscalía sostiene en sus informes que las medidas planteadas por la Generalitat no suponen ninguna vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que cree que no son desproporcionadas.