Barcelona ha creado una pionera oferta laboral pensada únicamente para personas con discapacidad intelectual. Es la primera vez que el consistorio adapta el proceso de selección de una convocatoria de oferta pública para este colectivo. Son 57 plazas de ayudante de servicios auxiliares para personas con dificultades de integración laboral por razón de su capacidad intelectual, en dos convocatorias diferentes: la primera de 27 plazas y la segunda, de 30.
Los aspirantes deben tener la condición legal de discapacitados con un grado igual o superior al 33%, del que, como mínimo, el 25% debe ser discapacidad intelectual. La convocatoria se ha abierto este miércoles y las solicitudes de participación se podrán presentar hasta el 21 de diciembre, según ha informado el consistorio en una nota de prensa.
TEST DE COMPETENCIAS
Aunque el procedimiento es el mismo que en otras convocatorias, en esta primera convocatoria especifica no se requiere una titulación mínima a los aspirantes y se han adaptado la fase de oposición y el periodo de prueba a las necesidades específicas de cada persona que se presente. En Barcelona hay 151.814 personas con discapcidad valorada, según un informe. De estas, 12.173 tienen discapacidad intelectual.
La adaptación más significativa es la eliminación del temario teórico para la primera prueba, que se resolverá con un test de competencias cognitivas básicas de un máximo de 35 preguntas sobre la resolución de situaciones básicas relacionadas con la vida cotidiana o con las funciones propias de la categoría objeto de la convocatoria.
PRUEBA PRÁCTICA
La prueba práctica, presencial, siempre que las medidas sanitarias lo permitan, consistirá en el desarrollo de uno o más ejercicios prácticos mediante la resolución de diferentes situaciones relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo a desempeñar.
Dado que esta convocatoria está reservada para las personas con discapacidad intelectual, el Ayuntamiento de Barcelona solicitará al equipo de valoración multiprofesional de la Generalitat el dictamen que valora la capacidad para realizar las funciones del puesto de trabajo de las personas aspirantes, así como las necesidades de adaptación específica para la realización de las pruebas y de los ejercicios previstos en la convocatoria.