El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado en pocos días tres contratos por más de medio millón de euros para equipar a la Guardia Urbana con chalecos antibalas, cascos, ropa de paisano y porras. En el caso de la ropa, el consistorio ofrece a los agentes que trabajan de incógnito en la calle unos bonos que pueden intercambiar en diferentes tiendas por piezas de vestir.

La empresa Fábrica Española de Confecciones S.A ganó el pasado 29 de marzo el concurso municipal para optar a la producción de 458 chalecos. Se trata de la única compañía que se ha presentado a la licitación. Especializada en ropa militar, uniformes y elementos de protección, la compañía madrileña ha ganado tres concursos desde 2015 para producir los chalecos de los guardias urbanos de la capital catalana.

A PRUEBA DE BALAS Y CUCHILLADAS

Los chalecos deberán proteger a los policías de impactos de bala, cuchilladas y de ataques con un punzón. Desde 2015, cuando el Gobierno decretó el nivel 4 antiterrorista en España a raíz de los ataques yihadistas de París, las almillas protectoras se han extendido en las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Actualmente, todos los guardias de Barcelona llevan un chaleco, un instrumento que se ha convertido en habitual en muchas cuerpos de policía, también en municipios pequeños.

 

Agentes de la UREP de la Guardia Urbana arrestan a una persona en 2019



 

El gobierno municipal desembolsará 230.129 euros (IVA incluido) para adquirir las almillas. La vida útil de estos equipos protectores será, como mínimo, de 10 años. y deberá resistir el impacto de una bala de un calibre de nueve milímetros. Deben ser compatibles con el manejo de los diferentes instrumentos de los agentes: porra, porra extensible, cargador de pistola, esposas y guantes, entre otros. Los agentes deben sentirse cómodos mientras conducen o hacen uso de sus "armas defensivas", como exigen las condiciones puestas por el Ayuntamiento.

PORRAS DE MEDIO METRO

Los agentes también dispondrán en unos meses de 350 porras extensibles más. Cada porra cuesta 156 euros y el Ayuntamiento se gastará 73.500 euros para adquirir estas defensas, un elemento de seguridad "indispensable" para el patrullaje que permiten una respuesta "proporcional a la hora de repeler y controlar agresiones". Es un instrumento pequeño y cómodo de llevar, que los agentes usan en situaciones de riesgo para terceras personas o los mismos agentes. Plegadas, estas porras ligeras de aluminio pesan 206 gramos y miden 20 centímetros (plegadas) y 50 desplegadas. El fabricante debe garantizar que duren un mínimo de cinco años.

A pesar de la inversión en material policial, los sindicatos de la policía barcelonesa siguen echando de menos un elemento: las pistolas eléctricas tipo Taser. Todas las organizaciones sindicales reclaman desde hace años este instrumento que descarga 50.000 voltios sobre la persona. Los disparos de un urbano contra una persona sin hogar que, supuestamente, atacó al policía con un cuchillo el 21 de noviembre de 2020 reactivaron el debate. Los argumentos de los trabajadores sobre la utilidad de esta arma disuasoria chocan contra el punto de vista del Ayuntamiento que rechaza de plano dotar con el arma al cuerpo. 

CHAQUETAS Y PANTALONES PARA PATRULLAR

El pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona adjudicó otro contrato de 85.500 euros para que los agentes de paisano puedan comprar ropa para patrullar. Los policías pueden escoger entre un mínimo de tres tiendas de la ciudad para intercambiar unos vales por piezas de 10 marcas de hombre y mujer. Los y las policías dispondrán de 140 euros para comprar una chaqueta y pantalón y 50 euros para una camisa de manga corta y 40 euros para una de manga corta. Podrán comprarse un polo por un máximo de 50 euros y una cazadora por 70 euros. Las mujeres, además, podrán adquirir una falda por 50 euros.

Otra importante desembolso de dinero público corresponde a una nueva partida de cascos para los urbanos que patrullan en motocicleta. El Ayuntamiento adjudicó el 29 de marzo un contrato para producir 460 cascos modulares valorados en 360 euros cada uno. En total, el gobierno se gastará 200.376 euros. Un 15% de estos protectores carecerán de logotipo del cuerpo policial e irán destinados a los agentes de paisano.

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