Un grupo de vecinos y trabajadores del Poble-sec ve con preocupación la protesta que varios colectivos antidesahucios han convocado este jueves en la calle de Blai para evitar un desalojo. Es el segundo lanzamiento en el número 37. El pasado viernes la presión del colectivo okupa frenó el desalojo tras una manifestación en las calles del barrio de Sants. Durante el trayecto, algunos activistas atacaron varios negocios realizando pintadas sobre los edificios. También amenazaron e increparon a una trabajadora de la zona que se enfrentó a ellos después de que el negocio se viera salpicado con pintura.
Convocados por el Sindicat de Barri del Poble-sec, cerca de un centenar de personas se movilizó el pasado viernes 30 de abril con un objetivo: suspender el desahucio de la tienda de Omaris. La hora fijada para la orden judicial era las 11.00 horas. "De Poble-sec no nos echa nadie. ¡Pedro Vila Masachas especulador!", animaba una convocatoria por redes sociales horas antes.
'TAMBIÉN SOMOS TRABAJADORES'
Los activistas celebraron a través de las redes sociales su "victoria" después de anunciar que habían logrado frenar varios desahucios previstos en el Raval y el Poble-sec. Ocurría el mismo día que una jueza aplazara, de nuevo, el desalojo del Gimnàs Social Sant Pau, una veterana entidad que atiende a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad.
Fuentes vecinales denuncian que existe "miedo" entre algunos vecinos y trabajadoras de la zona después de que este jueves haya previsto una nueva protesta. "No entendemos estos ataques contra los negocios. También somos trabajadores", se queja una trabajadora de la zona.
Pintadas del colectivo okupa en Poble-sec / METRÓPOLI ABIERTA
Durante la marcha, ensuciaron con pintura la fachada de un bufete de abogados, de una empresa de búsqueda de trabajo y dos inmobiliarias. Un vecino escuchó como uno de los activistas amenazaba a una empleada de estos locales. También pintaron un autobús de TMB con mensajes anticapitalistas.
INVESTIGAN A UN 'SINDICATO'
Los métodos de estos grupos autollamados "sindicatos" provocan algunos recelos. El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga al Sindicat d'Habitatge del Casc Antic por delitos de coacción, extorsión, amenazas y organización criminal. El 18 de octubre de 2019, durante los disturbios de las protestas por la sentencia del procés, varias personas se colaron en una vivienda y presionaron al dueño para que destinara dos viviendas a alquiler social.