La Justicia tumba la ordenanza de Colau sobre clubs de cannabis

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tumbó la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que desde 2016 regula el funcionamiento de los clubs de cannabis en la ciudad. La sentencia especifica que estas asociaciones solo podrán funcionar como "clubs sociales privados" y no podrán promover el consumo, venta ni el cultivo de marihuana. Los jueces entienden que los municipios carecen de competencia para elaborar una ordenanza como la que aprobó el gobierno de Ada Colau.

La ordenanza ha permitido la presencia, actualmente, de unos 200 clubs donde los socios pueden fumar marihuana a cambio de una cuota que pagan periódicamente. Los principales requisitos eran una distancia mínima de entre 100 y 150 metros con una escuela y la instalación de una chimenea para evacuar el humo. El Ayuntamiento defiende en un comunicado que el texto contó con un "consenso amplio" de los partidos y que "evitaba la concentración y proximidad de los clubs con los equipamientos protegidos, así como la reducción de las molestias a los vecinos y la mejora de la convivencia".

"COMISIÓN DE DELITOS"

En algunos casos, los vecinos se han movilizado para protestar contra estas asociaciones. Ocurrió en les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. El TSJC afirma que el consistorio no tiene competencia para regular estas salas, tampoco a través de la vertiente urbanística, ya que considera que son espacios "susceptibles de comisión de delitos y, por tanto, la materia penal es de competencia exclusiva estatal", señala en la sentencia.

Tras este revés judicial para los intereses de Colau, el Ayuntamiento pide cambios legislativos a nivel estatal y autonómico para regular el consumo de cannabis "desde la perspectiva de la salud pública". Para dar "respuesta" a la sentencia, el gobierno municipal explica que ya está impulsando medidas como una inspección y control de clubs que se desarrollará en esos clubs con "más impacto negativo y enfocados al turismo y la venta masiva". 

PEDAGOGÍA

El Ayuntamiento informará a las asociaciones sobre las adaptaciones que deberán hacer para adaptarse a la legalidad vigente. Además, un grupo de trabajo multidisciplinar propondrá cambios legislativos para estudiarlos con la Generalitat y el Estado con un objetivo: dar respuesta a la situación y poner sobre la mesa la necesidad de espacios donde se pueda producir el consumo, y no la venta, de forma controlada.