Barcelona perderá 180 millones por la anulación de la plusvalía

El Ayuntamiento de Barcelona puede perder alrededor de unos 180 millones de euros por la anulación de una parte del impuesto de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional. La plusvalía es un impuesto que forma parte de la Ley reguladora de las haciendas locales y que recaudan los ayuntamientos.

Las pérdidas en el caso de Barcelona serán millonarias. El primer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en los citados 180 millones la cantidad de dinero que el consistorio puede dejar de ingresar. "No podemos renunciar, en el caso de Barcelona, a 180 millones en políticas sociales o en inversiones para la reactivación económica". 

COMPENSAR A LOS AYUNTAMIENTOS

Collboni ha pedido compensar a los ayuntamientos españoles si se confirma la anulación de una parte del impuesto y ha pedido una normativa que regule bien la plusvalía.

La plusvalía es un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La gestión recae en cada ayuntamiento y se paga cada vez que un ciudadano vende o hereda una vivienda. La plusvalía grava una supuesta revalorización de la propiedad que se pone a la venta y quien debe hacer frente a ella es el vendedor, o en el caso de una herencia, la persona que la recibe.

Tuit de Jaume Collboni sobre la anulación del impuesto de la plusvalía / TWITTER JAUME COLLBONI

PUNTOS "NULOS E INCONSTITUCIONALES"

El Tribunal Constitucional ha declarado nulos e inconstitucionales tres puntos de la Ley reguladora de las haciendas locales, concretamente del artículo 107. A grandes rasgos, el alto tribunal considera que el impuesto no siempre se basa en la plusvalía que realmente se ha obtenido, es decir que se pueden dar casos en que se haya cobrado de más.

El cálculo se hace a partir de unas tablas del catastro -ya existentes- hechas por los consistorios y los baremos fijados por la ley, pero sin tener en cuenta la plusvalía real generada por el incremento del valor de los terrenos.

SIN EFECTOS RETROACTIVOS

La sentencia del Constitucional no tiene efectos retroactivos, pero algunos expertos consultados por Metrópoli apuntan que el dictamen del tribunal abre la puerta a reclamar a los ayuntamientos los casos que estén recurridos.