Familia rumana instalada en una oficina del Estado, el otro caso peliagudo en Barcelona
Los vecinos del inmueble, en la zona alta de la ciudad, siguen la vía penal para desalojar a una familia que vive en una oficina de la Seguridad Social
2 diciembre, 2021 00:00Noticias relacionadas
Un caso similar al de la plaza Tetuán, que acabó con los cuatro miembros de una familia fallecidos. En la calle Reus, en la parte alta de Barcelona, una familia rumana, son dos hijos pequeños, vive en una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social, en el barrio de Sant Gervasi. Los vecinos del inmueble han conseguido un hecho excepcional en este tipo de casos y es que el juez los ha admitido como acusación particular, y la vía penal que han seguido permitirá que se celebre un juicio, en el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona a mediados de diciembre.
La familia, de nacionalidad rumana, con dos niños de seis y ocho años, se instaló en los bajos de un inmueble de pisos, cuyos vecinos se movilizaron tras comprobar que habían “pinchado” la luz. Y lograron ser reconocidos como acusación particular porque la familia había invadido “zonas comunes” del inmueble.
VÍA ADMINISTRATIVA Y PENAL
El hecho es que la propiedad, la Seguridad Social, ha llevado el caso por la vía administrativa, que podría ser cursada incluso antes del juicio que se sigue por la vía penal. En los casos en los que está en juego una propiedad pública del Estado, las resoluciones son más rápidas. Fuentes jurídicas señalan que las dos vías corren en paralelo, y que la familia se vería forzada a abandonar la oficina de inmediato.
Sin embargo, la familia ha presentado alegaciones en la vía administrativa, que ha impulsado el poder público, a través de la Seguridad Social, con el ánimo de demorar todo lo posible el desalojo.
Las mismas fuentes jurídicas señalan que los vecinos han buscado las ayudas de los servicios sociales para que atiendan a la familia de inmediato, justo cuando se vean forzados a dejar la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero los servicios sociales los debe pedir la propia familia.
UNA CADENA CON UN CANDADO
El abogado penalista Jorge Navarro señala que la situación actual, con numerosos casos como el de la Plaza Tetuán, obedece a múltiples factores como “la inoperancia del Estado, que facilita estas prácticas: la tolerancia de una buena parte de la judicatura, la mayoritaria inactividad de la Fiscalía, la falta de criterio policial, así como la reforma del Código Penal en el 2015 que rebajó a delito leve determinadas conductas”.
Los vecinos, precisamente, han comenzado a inquietarse, tras los hechos de la plaza Tetuán, con el temor de que pueda ocurrir algo parecido. La familia okupa cambió la cerradura y colocó una cadena con un candado que abre y cierra en cada ocasión que sale del 'domicilio'. La familia lleva a los niños al colegio y sale y entra con cierta fluidez de la oficina que dejó sin uso la Tesorería de la Seguridad Social.