La Alianza contra la Pobreza Energética pide penas de hasta cuatro años y nueve meses de prisión para tres trabajadores de DPS Consulting, una empresa subcontratada por Endesa para reclamar deudas a los clientes.
El caso estalló tras la denuncia de una mujer que en junio de 2020 recibió la llamada de una supuesta funcionaria judicial, que era en realidad una trabajadora de la empresa y que la amenzó con embargarle las cuentas si no pagaba en menos de dos semanas.
No es algo aislado, ha asegurado la trabajadora ante las autoridades judiciales en la fase de instrucción. La empleada ha explicado también que sus compañeros de DPS Consulting y ella misma tenían un guión, facilitado por sus superiores, para saber cómo actuar durante estas llamadas telefónicas. Asimismo, ha señalado que una parte de su sueldo dependía de cobrar estas deudas.
TAMBIÉN EXIGÍAN EL PAGO DE DEUDAS PRESCRITAS
En el caso concreto de la primera denunciante, se trata de una mujer en situación de vulnerabilidad que acumulaba una deuda de más de 2.300 euros con Endesa y que había contraído mientras estaba en el paro y cobraba una ayuda pública para subsistir. Del total, cerca de 1.700 euros habían prescrito según el Código Civil, pero la empresa exigía igualmente el pago.
Por todo esto, la Alianza contra la Pobreza Energética acusa a esta trabajadora y dos directivos de DPS Consulting de usurpación de funciones, coacciones e intento de estafa y pide llevar el caso a juicio.