Francesc Granell: "Los coches en el Eixample son actividad económica, no son para pasearse"

La colaboración entre el derecho y la economía es esencial en estos tiempos. Así lo han entendido dos profesionales de largo recorrido, el abogado y economista Jacint Soler Padró, --que fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona—y el economista Francesc Granell, exdirector general de la Comisión Europea. Los dos, al frente de la asociación Salvem Barcelona, han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el proyecto de la superilla del Eixample, con la intención de parar las obras antes de junio, cuando están previstas por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Granell, en conversación con Metrópoli, justifica la medida y tiene claro una cuestión primordial en Barcelona en este instante: “Los coches en el Eixample son actividad económica, no son para pasearse”.

Granell (Barcelona, 1944), veterano economista, que se ha mojado en muchos debates en los últimos años –muy crítico contra el proceso independentista—considera que la oposición de determinadas plataformas, comenzando por la patronal Foment, está muy bien, pero para detener los proyectos urbanísticos del consistorio que dirige Ada Colau “hace falta algo más y es la vía judicial, si de verdad se considera que hay elementos para ello, si se cree que se vulnera la legalidad”. Considera, por tanto, que esa vía puede ser más efectiva que la presentación de alegaciones al plan.

Este economista considera que sí, que hay factores que justifican la medida de Salvem Barcelona: “No se ha revisado el Plan General Metropolitano (PGM), que es necesario en una obra tan importante como la actuación en el Eixample. El Ayuntamiento no ha respetado la jerarquía normativa y es precisa esa denuncia”, asegura, con el convencimiento de que existe una posición previa por parte del equipo de gobierno de Ada Colau: “Lo que ocurre es que la señora Colau no piensa en todos los municipios comarcales, en todo el área metropolitana y éstos se ven afectados, todos esos vecinos metropolitanos se verán afectados por un cambio tan radical en el centro de Barcelona”.

El debate es cada vez más vivo sobre esa cuestión. Otra entidad, Barcelona Oberta, que agrupa al sector del comercio, ha señalado esta semana que están en juego hasta 4.000 millones de euros, que es el montante equivalente al 28% de los ingresos del comercio en la ciudad. Ese porcentaje es el que corresponde a los visitantes de toda la provincia de Barcelona, en su mayoría del área metropolitana.

¿JUGAR A PETANCA?

El coche se restringe, pero, ¿por qué circulan esos coches por Barcelona? “Los coches que pasan por el Eixample no son para pasearse, no son vecinos de fuera que miran por la ventana la ciudad. Los coches en el Eixample son actividad económica, no son para pasearse”, insiste Granell, que ofrece su propio testimonio. “Yo vivo en la calle Consell de Cent, que es el objeto de la transformación en el Eixample. Y tomo una medida que va en contra de mis propios intereses, al llevar la superilla a la Fiscalía, porque tendría una calle, como se dice, pacificada. Pero, ¿quiero realmente para mi ciudad tener una calle donde yo pueda jugar a la petanca, sin coches, todo muy bonito?”

Lo que plantea Granell es que se dibujan dos tipos de ciudades, la del equipo de gobierno de Ada Colau –aunque el PSC de Jaume Collboni se opone a esa superilla—o la del conjunto de los habitantes del área metropolitana que necesitan un centro urbano para determinados servicios: trabajo, comercio, restauración, servicios legales –notarios, abogados—ocio o deporte.

El equipo de Ada Colau, precisamente, ataca a la entidad Salvem Barcelona porque tiene “objetivos políticos”, y, detrás de esa denuncia, existe la pretensión de erosionar a los comunes. “No es cierto, no somos de ningún partido, ni nos mueve nada desde el punto de vista político. Lo que no queremos es que Barcelona se empobrezca, que vaya a menos, que se quede en una ciudad sin alma económica”, responde Granell.

La base legal es firme, a juicio de este economista. La denuncia ante la Fiscalía considera que el gobierno de Colau podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, como se señala en el artículo 320 del Código Penal.

ACTUACIÓN ARBITRARIA

En el escrito de la denuncia ante la Fiscalía se indica que el Plan General Metropolitano es claro cuando establece que “la alteración o variación sustancial de las previsiones de población, renta y ocupación, y su distribución espacial deberían tratarse mediante una revisión global del plan”. Y que, por tanto, lo realizado por el Ayuntamiento responde a “una actuación arbitraria de la administración, una vía de hecho que viene asociada a una voluntad dolosa, con el fin de conseguir un objetivo al margen de la legalidad, con unas consecuencias negativas que van a afectar muy seriamente no solo al futuro de los ciudadanos del Eixample, sino a todos los de la ciudad y su área metropolitana”.

Granell insiste, en conversación con Metrópoli, que hay una cuestión de fondo: “Claro que hay que preservar el medio ambiente, pero se debe hacer compatible con el crecimiento económico, y lo que hay es una apuesta negacionista, una apuesta por el decrecimiento. Los empresarios crean riqueza, el comercio crea riqueza y no nos podemos cargar la actividad. El Eixample no es el causante de la contaminación. Lo es China o Estados Unidos. Es decir, no se trata de echar a los coches, como si fueran los grandes responsables de esa contaminación”, remacha Francesc Granell, que considera que Barcelona ha logrado captar ahora la sede de la Copa América de Vela “a pesar de Ada Colau, que arrastraba los pies, aunque ahora diga que está muy contenta”.