El grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido la comparecencia en comisión del gobierno municipal para que dé explicaciones sobre la denuncia contra Eloi Badia y la incineradora de Tersa, la empresa metropolitana de residuos urbanos, por haber emitido más gases contaminantes de los permitidos.
A raíz de esta denuncia de la Fiscalía, el juzgado de instrucción número 5 de Badalona abrió diligencias previas de investigación por presuntas prácticas contra la normativa ambiental por parte de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, de la empresa pública Tersa, que preside Badia, concejal de Emergencia Climática de Barcelona.
En un comunicado, los republicanos anuncian que han emplazado al gobierno de la ciudad a dar explicaciones en la comisión de Ecología y Urbanismo de abril dado que se trata de una empresa pública metropolitana.
"La Justicia dice que se habrían realizado o tolerado conscientemente prácticas contrarias a la normativa ambiental. De ser así, sería un caso muy grave de desobediencia a las reglas medioambientales y, lo que es peor, de ir en contra de la salud de todos", ha asegurado el concejal portavoz de ERC, Jordi Coronas.
AIRENET SE PERSONARÁ EN LA DENUNCIA
Tal y como explicó Metrópoli la semana pasada, la Coordinadora Vecinal Metropolitana Airenet se personará en la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra Tersa.
Los representantes de la plataforma, así como las diferentes entidades que participan en la denuncia, valoraron el proceso en una comparecencia en la Torre de les Aigües: "Queremos el cierre de Tersa. Es una de las incineradoras más grandes del Estado español y nos parece inadmisible que esté en medio de una zona en la que hay 100.000 personas que diariamente respiran un aire intoxicado", señaló Silvina Frucella, una de las portavoces.
La primera denuncia de Airenet contra Tersa fue interpuesta hace cuatro años, el 12 de abril de 2018.
"Por fin se demuestra que hay más gente que piensa que Tersa ha cometido delitos ambientales y ha atentado contra la salud y los recursos naturales", valora la entidad. La plataforma también recuerda el primer pleno del distrito de Sant Martí al que asistieron para pedir ayuda, a raíz de un estudio de la Universitat Rovira i Virgili que mostraba unas dioxinas anormales: "En ese pleno nos dijeron que no querían investigar. El estudio ya estaba en sus manos, lo conocían, y nos lo ocultaron".